Una joven riojana demandó al progenitor de su hija por incumplimiento de la cuota alimentaria. La Justicia desoyó su reclamo durante años y terminó imputada por “falsa denuncia”. La jueza a cargo de su causa era tía del deudor, por lo que se denunció “tráfico de influencias” en el Poder Judicial riojano.
Durante el aislamiento social y preventivo por la pandemia de Covid 19, en agosto de 2020, una joven riojana recibió la notificación judicial: su expareja la acusaba por “falsa denuncia”. Madre soltera de una niña de entonces 6 años y sin trabajo, lidiaba con las tareas de cuidado de su hija, con la producción y venta de productos de pastelería durante los fines de semana y con un largo proceso para reclamar al progenitor de la niña, que se desempeña como gendarme, el pago de las cuotas alimentarias.
En octubre de 2018, la joven explicó ante el Poder Judicial de La Rioja la urgencia de su situación: la menor padece dermatitis atópica, una enfermedad que ataca su piel y requiere medicación, tratamiento y atención médica especializada. Sin embargo, “esta madre lleva cuatro años vinculada a un proceso penal por un delito que no cometió y sin ningún tipo de pruebas en su contra”, comentó a Feminacida, Marianela Eva Flores Díaz, abogada de la madre riojana, al tiempo que resaltó que “esto es utilizado como herramienta de hostigamiento y violencia para disciplinarla por haber reclamado la cuota”.
Es que la odisea legal de esta madre en reclamo de la manutención no es un caso aislado. Tal es así, que más de 30 profesionales destacados en la temática crearon el compendio de “Casos Judiciales Novedosos sobre Cuotas Alimentarias -Aportes y Herramientas-”, impulsados por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados bonaerense a fin de guiar a las mujeres en ese reclamo judicial con información en lenguaje claro.
Según estudios revelados por dicho documento, en Argentina existen 1.600.000 hogares con familias monomarentales. La mitad no recibe cuota alimentaria y el 12% lo hace de manera esporádica. Aún más: a pesar de llegar a un acuerdo judicial y ganar un juicio por alimentos, el 70% de los padres continúa incumpliéndola.
Sin elementos probatorios en su contra, en una causa penal que es “un proceso ilegal e irregular que no respetó las garantías constitucionales ni el derecho de defensa en juicio”, la joven riojana es revictimizada por un Poder Judicial machista que, tras cinco años de reclamos, recién el pasado 5 de junio dio lugar a la retención de los haberes del deudor y que la niña obtenga cobertura sanitaria con la obra social del gendarme.
“Hace cinco años que le pongo el cuerpo a esta causa. Tantas trabas judiciales, tantas demoras para un aumento de cuota desgasta y empobrece”, expuso la madre.
Tráfico de influencias
El gendarme deudor es sobrino de la jueza que le tocó llevar esta causa: Edith Elizabeth Agüero. La abogada Flores Díaz la denunció por presunto tráfico de influencias, sumado a que “el juicio por alimentos se demoró sin justificaciones” y, finalmente, hasta mayo del corriente año se le permitió al progenitor abonar una cuota “muy por debajo de lo que correspondía legalmente”, es decir, 40.000 pesos. Recién a mitad de este mes de junio la Justicia fijó como cuota alimentaria el 25% de los haberes del progenitor.
Según arroja el proyecto de ley de la diputada Mónica Macha para dar a luz la “Ley Integral para Asegurar el Derecho Alimentario de Niñas, Niños y Adolescentes”, basado en información del INDEC, el costo de crianza de un niño de entre 6 y 12 años en el mes de abril fue de 388,010 pesos.
Respecto al caso de influencias, a pesar de la recusación a la jueza por “parentesco” con el progenitor demandado, la Justicia no dio lugar y solicitó la destrucción de fotografías y otros materiales probatorios.
Por el contrario, la Justicia dio lugar a la acusación de la joven riojana por “falsa denuncia”, a pesar de la “evidente falta de cumplimiento” de manutención por parte del hombre. El juez de instrucción ordenó el procesamiento de la mujer y la elevación a juicio contando como prueba “tres depósitos aislados” y como prueba testimonial la declaración del deudor alimentario y de su letrada, que se consideró suficiente para pedir la elevación de la causa a juicio a una madre que, hace años, estaba pidiendo ayuda.
En junio del corriente año, la jueza de la cámara civil y hasta entonces a cargo del juicio de alimentos, Norma Abatte de Mazzuchelli, denunció ante el Consejo de la Magistratura de dicha provincia que Edith Agüero “le había pedido favores con respecto a esta causa”.
Poco después, un video de Mazzuchelli se hizo viral por pedirle a una mujer una coima de 8 millones de pesos para agilizar el tratamiento de su causa. El video recorrió canales de televisión y redes sociales, y ahora podrá enfrentar un juicio político.
Entre otras incongruencias judiciales, se destacan las producidas por el juez Ramón Rodolfo Ortiz Juárez, “el primer responsable de la cadena de violaciones a los derechos de la niña”, también denunciado penalmente por la abogada Flores Díaz ante la Secretaría de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja por “irregularidades”. El magistrado no dio lugar al pedido de inscribir a la menor en la obra social del progenitor, pero ante las irregularidades de la manutención del hombre decidió no embargar sus bienes para “no perjudicarlo”.
Este caso resulta tan polémico que distintas organizaciones feministas y de derechos humanos piden justicia junto con la joven riojana y su abogada: Proyecto Generar, Quinta Ola, Campaña Nacional por la Reforma Judicial Feminista, Cladem Argentina, Guardia Feminista de Abogadas, Red de Abogadas Feministas, ABOFEM, Ahora Que Sí Nos Ven y Asamblea Transfeminista Cdelu.
“Gracias a mi abogada y el acompañamiento que tuve no hubiera podido seguir luchando. Es lo que ellos querían: que desista de los procesos judiciales, de la cuota alimentaria, del plato de comida de mi hija”, cerró la joven riojana.
Madres y expertas en derecho
Un factor común entre tantos casos de mujeres que lidian durante años ante la Justicia para reclamar el pago de las cuotas alimentarias por parte de un progenitor ausente es la necesidad de adentrarse en cuestiones legales para lograr dicho objetivo. Se tratan de madres que quedan a cargo de las tareas de cuidado de sus hijos, víctimas de distintos tipos de violencia de género, como la económica, psicológica e incluso física que tras reunir tiempo y esfuerzo se acercan a la Justicia en búsqueda de ayuda pero para lo cual terminan siendo casi “expertas en derecho”.
Por eso, la mencionada Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual generó una nueva Guía para esas madres, llamada “Información básica sobre el reclamo de la cuota alimentaria”. En los 1,6 millones de hogares sin padres presentes, viven más de 3 millones de niños y niñas. Esta guía, creada en colaboración con las madres y para las madres, busca desnaturalizar este tipo de violencia y responde a las preguntas más frecuentes como “a dónde ir para iniciar el reclamo en PBA”. A lo que la guía responde: “Deberás iniciar la petición por medio de un expediente judicial. Para ello deberás buscar patrocinio de un abogado/a. Podrás acudir a un abogado/a particular y si no se cuenta con los medios económicos suficientes puedes acudir al centro de Acceso a la justicia CAJUS”.
La madre riojana expuso un punto no menor: “Mi hija y yo venimos atravesando toda esta violencia a través del Estado como facilitador: quienes debían proteger los derechos de mi hija se los han vulnerado completamente. No sólo los míos”.
No sólo las mujeres tienen derecho a no quedar inmersas en un espiral de violencia institucional, violencia patrimonial, dependencia y sobrecarga de tareas domésticas, sino que los niños y niñas tienen derecho también a una vida con buena alimentación, educación y libre de agresiones. La presentación del proyecto de ley de la diputada Macha señala al respecto que “2 de cada 3 niñas y niños experimentan carencias y 7 millones viven en la pobreza”.
Además, el 59% de los hogares monomarentales destina más de la mitad o casi todos sus ingresos al pago de deudas, mientras que el 73% de estos hogares se endeuda para comprar comida o medicamentos.
A la recesión y los indicadores de depresión económica, se suma el desempleo y el crecimiento de la pobreza: en el primer trimestre se cerraron 275.000 cuentas sueldo en los bancos por la caída del empleo, sin contar los despidos en el sector privado. La pobreza alcanzó al 55% de la población, el nivel más alto desde 2002, según el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Por la situación expuesta, el proyecto propone la actualización del valor de las cuotas alimentarias; aplicar el Índice de Crianza en los procesos judiciales por alimentos; incorporar el incumplimiento de la cuota alimentaria como causal de violencia económica por motivos de género; y crear el Fondo de Garantía Alimentaria para asegurar el pago de las prestaciones alimentarias adeudadas y reconocidas judicialmente, entre otras cosas.
“Vivimos un contexto muy duro y angustiante para que las familias puedan resolver su vida cotidiana. Esto se suma a un problema estructural e histórico. Millones de mujeres crían solas y se endeudan para poder mantener a sus hijos. Hoy los hogares monomarentales son uno de los eslabones más débiles de nuestra sociedad”, expuso la diputada. Y cerró: “Con este proyecto buscamos garantizar el plato de comida de los hijos e hijas de la Argentina. Algo tan básico como eso, algo que ya no debería discutirse”.