Para seguir pensando: ¿Cómo reformar el sistema tributario con una perspectiva feminista? En esta columna, algunas pistas para recuperar el potencial de acción de los mecanismos de contrapeso de poder e impulsar una reforma que equilibre la balanza en términos de justicia y blinde los recursos necesarios para garantizar las condiciones materiales para cuidar.
El sistema tributario argentino es regresivo porque la mayor parte de los recursos los aportan los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos explican más de 10 puntos del PBI, seguidos por los impuestos directos (con 6 puntos del PBI) y los aportes y contribuciones de la seguridad social que aportan un 5,7% aproximadamente.
Los impuestos indirectos, en donde el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aporta casi el 70% de los recursos, tienen un alto costo en términos de equidad y son especialmente gravosos para las mujeres al tener más incidencia en quienes menos tienen. Las personas con ingresos más bajos consumen la mayoría de lo que ganan. Por lo tanto, soportan más plenamente el peso de los impuestos al consumo. Pero a medida que las personas tienen ingresos mayores aumenta su capacidad de ahorro y la proporción de lo que dedican al consumo es menor y, por lo tanto, también es menor la incidencia de estos gravámenes.
Los impuestos directos aportan mayor equidad al sistema al gravar manifestaciones más mediatas de la capacidad contributiva de las personas como las ganancias, las rentas y los ingresos. En Argentina, el impuesto directo que más recauda es el impuesto a las ganancias de las empresas y las personas. Dentro de las ganancias personales lo que más se grava, por el régimen de retención al que se encuentra sujeto, es el ingreso salarial (también conocida como la 4ta. categoría). Los que menos aportan son las rentas personales provenientes de otras actividades no productivas como la actividad financiera o la renta de la tierra o la propiedad: todos activos a los que los varones tienen mayor acceso.
Finalmente, los aportes y las contribuciones que financian la seguridad social contributiva los realizan los y las trabajadoras registradas y ello también anuda injusticias. Por la feminización del trabajo informal, las mujeres se encuentran subrepresentadas en el sistema contributivo y, por ende y a pesar de haber trabajado, tienen un acceso deficitario a los beneficios de la seguridad social como la jubilación, las licencias para cuidar y por enfermedad, el acceso a la salud, entre otras cosas.
Las propuestas en materia fiscal del gobierno actual profundizan estas injusticias al beneficiar a quienes más tienen. Pero la política tributaria es potestad del Congreso, por lo que no solamente deben rechazarse las propuestas que profundizan la lógica del Hood Robin, sino recuperar el potencial de acción de los mecanismos de contrapeso de poder para impulsar una reforma tributaria feminista que equilibre la balanza en términos de justicia y blinde los recursos necesarios para garantizar las condiciones materiales para cuidar. Esto implica:
Implementar mecanismos para amortiguar el impacto regresivo del IVA en quienes cuidan de forma no remunerada o con bajos ingresos. Por un lado, urge la restitución por ley de la devolución de IVA para las personas de ingresos más bajos que dedican su tiempo, su actividad laboral y su formación a los cuidados. Esto incluye a las beneficiarias de Asignación Universal por Hijo (AUH), por embarazo (AUE), y tarjeta Alimentar; las principales responsables de velar por la salud, la educación y alimentación de sus hijos.
También se debería contemplar la devolución para las empleadas de casas particulares, el sector con mayor informalidad y con salarios más bajos de toda la economía, y los y las beneficiarias de becas Progresar para enfermería y residentes médicos que ganan los salarios más bajos dentro del sistema sanitario.
Por otro lado, es menester cambiar la asignación específica del recaudo del IVA, principal fuente de ingresos del Estado, para dedicarlo al sostenimiento de los salarios de los docentes y personal de salud mediante transferencias diarias y automáticas a las provincias con un criterio de igualdad que genere un piso mínimo de ingreso para estos trabajadores y trabajadoras que son los primeros en sentir los recortes de las políticas de ajuste y disciplinamiento económico.
Reemplazar el impuesto a las ganancias de 4ta. categoría por un impuesto a los altos ingresos laborales con escalas progresivas de acuerdo al nivel de ingresos y que se apoye en la solidaridad entre trabajadores y el reconocimiento del aporte del trabajo de cuidados remunerado y no remunerado. Este esfuerzo diferencial de los trabajadores registrados permitiría el sostenimiento de la cobertura de la seguridad social no contributiva, allí donde están sobrerrepresentados las y los trabajadores informales y trabajadoras del cuidado, en especial, las mujeres beneficiarias de las transferencias por el cuidado de hijos, de personas con discapacidad y de la jubilación mínima.
Las exenciones de este impuesto deberían también pensarse en función de los cuidados y, por ejemplo, no gravar a docentes del nivel inicial y primario de educación y al personal de la salud, en especial para quienes prestan sus servicios en el sistema público.
Dentro del sistema contributivo de la seguridad social, es necesario sostener las medidas de reconocimiento del trabajo de cuidados y limitar los privilegios previsionales principalmente apropiados por varones. Dentro de las políticas de reconocimiento del trabajo de cuidado se encuentra el cómputo de años de aporte por hijo y el sostenimiento de las moratorias previsionales, medidas que se ven amenazas en los procesos de ajuste fiscal y que benefician especialmente a las mujeres trabajadoras que tienen más probabilidad de interrumpir sus trayectorias laborales por las tareas de cuidado.
Reformular el impuesto a las ganancias de las empresas desde la perspectiva de los cuidados. Tal y como se hacen con las actividades vinculadas al juego y las apuestas, se podrían implementar alícuotas más gravosas para empresas que desarrollen actividades que ponen en riesgo la reproducción vital por el riesgo potencial para la salud y el ambiente que genera la actividad a la que se dedican. Por ejemplo, la explotación intensiva en recursos naturales que implica la minería, la actividad hidrocarburífera, el monocultivo, que son, además, las empresas con mayor rentabilidad de la economía.
Hoy, con la Ley Bases nuevamente girando por las Cámaras, la reacción legislativa es necesaria y urgente, pero no es condición suficiente. Impulsar reformas feministas requiere, sin lugar a dudas, el apoyo solidario y unificado del movimiento de trabajadores y trabajadoras que reconozca y represente el trabajo reproductivo, y el respaldo de un sistema judicial que siente jurisprudencia en términos de derecho al cuidado.
Esta nota forma parte del dossier "Cuidadoras: el trabajo que mueve al mundo".
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