La organización Ni Una Menos (NUM) y la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) solicitaron información sobre los artículos del DNU 70/2023 de Javier Milei que atenta contra mujeres y diversidades. Denuncian que ejerce violencia económica y exigen saber por qué el gobierno nacional determinó que es necesario y urgente llevar adelante tales medidas.
Con patrocinio de CAIP, la socióloga feminista e integrante de NUM, Luci Cavallero, presentó ayer un pedido de información pública al gobierno nacional. Las desregulaciones que atentan directamente contra mujeres, lesbianas, travestis y trans en materia económica son las que se aplican a: precios de alimentos y medicamentos; intereses punitorios para el pago de tarjeta de crédito (que constituye la principal forma de endeudamiento); precios de tarifas básicas del hogar y alquileres.
“Hace años venimos denunciando que desde la firma del acuerdo con el FMI la población se encuentra endeudada y en particular las mujeres para acceder a bienes y servicios básicos", manifestaron desde ambas organizaciones en un comunicado.
A su vez, advierten sobre la inconstitucionalidad del DNU y denuncian que incrementa todas las formas de violencia económica sobre quienes sostienen la economía doméstica.
La acción jurídica presentada ante el poder ejecutivo consigna: “La predicada reconstrucción de la economía se tradujo, en concreto, en la inconstitucional derogación de cientos de leyes y en la desarticulación de función pública esencial del Estado para la imposición del un régimen totalitario de mercado sobre las necesidades básicas de sectores populares de Argentina”.