Cristina Castro, la madre del joven desaparecido durante la pandemia, realizó un desayuno junto a periodistas en la sede de Amnistía Internacional Argentina para denunciar que la investigación está frenada. Un factor común en casos de violencia policial.
“La novedad es que no hay novedad, precisamente”, dijo Cristina Castro, mamá de Facundo Castro Astudillo, respecto a la causa que investiga el asesinato de su hijo, sentada frente a un grupo de periodistas en las oficinas de Amnistía Internacional Argentina, donde participó Feminacida.
Facundo, de 22 años, había sido visto por última vez el 30 de abril de 2020 cuando la policía lo detuvo en la ciudad de Mayor Buratovich, en la provincia de Buenos Aires, por circular durante la cuarentena a causa del Covid-19.
En septiembre de 2022, se confirmó que los restos encontrados en un cangrejal en la zona de Villarino Viejo, ubicada en las cercanías a Bahía Blanca, pertenecían a Facundo.
A tres años de ese momento, los abogados de la familia, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, se cansan de repetir que tienen pruebas suficientes para afirmar que “en la causa está claro que a Facundo lo desapareció y asesinó la policía”. “Estamos convencidos de que se trata de un caso de desaparición forzada”, cuentan los letrados vestidos de traje que acompañan a Cristina en esa reunión con periodistas liderada por Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, y completada por Margarita Jarque, querellante institucional por la Comisión Provincial por la Memoria.
Durante la reunión, Cristina vio, junto a les periodistas presentes, un video que resume el caso de Facundo. Cristina no llora ni se le quiebra la voz. Con completa firmeza, indicó: “Mi vida quedó detenida hace tres años y medio. Con todas las pruebas que tenemos y que al día de hoy no haya ni imputados ni detenidos significa que la Justicia nos está tomando el pelo”.
Si bien la autopsia demostró que Facundo fue “víctima de una muerte violenta por asfixia, por sumersión”, la causa no ha avanzado. Incluso, los abogados defensores denuncian irregularidades en la investigación judicial y que hubo contradicciones en los relatos de los agentes de la policía bonaerense vinculados al caso.
Pero Cristina no duda: “Él no se suicidó ni tuvo un accidente: a Facundo lo mató la Policía Bonaerense”. Cristina necesita decirlo, pero especialmente en suelo porteño: “Cada vez que hablo a los medios en Buenos Aires, los fiscales se enojan y se mueven. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires”.
La historia de Facundo es repetida: las demoras en la causa, las trabas en el Poder Judicial, el “manoseo” de las pruebas, el incumplimiento de los procesos investigativos y el “apriete” a las familias son marcas registradas del mal accionar de las fuerzas de seguridad.
Un informe de Amnistía llamado “Violencia policial: ¿qué pasa después? Investigación, supervisión y rendición de cuentas de la actuación policial” desnuda esta “epidemia” de violencia institucional.
Falta de datos
Facundo no sería la primera víctima del uso excesivo de la fuerza pública, ni mucho menos un caso aislado. Sin embargo, no se puede definir cuántos casos similares hubo, ya que no existen en la Argentina registros unificados sobre violencia policial y, mucho menos, sobre “desapariciones forzadas”.
Según informes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, este organismo recibió la recepción de 1079 denuncias de distintos tipos de violencia por parte de fuerzas de seguridad de todo el país durante 2021, de las cuales 53 involucran la muerte de personas. Pero por las razones expuestas, esta cifra no es representativa del contexto nacional. Para aproximarse a una vaga noción es necesario acudir a distintos datos aportados por entidades oficiales:
Entre 2011 y 2020, el Registro Nacional de Casos de Tortura ha registrado al menos 24.500 hechos de tortura y/o malos tratos en centros de detención federales. Entre ellos, las agresiones físicas son el tipo de tortura con mayor representación, con 6389 hechos. Sólo un porcentaje menor de los malos tratos en centros de detención son denunciados, por lo que esta cifra representa también un subregistro.
Finalmente, según datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), 8.701 asesinatos fueron cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad en cuarenta años de democracia, desde diciembre de 1983 hasta diciembre de 2022.
Desinterés estatal
Argentina tiene la obligación de crear un registro sistematizado de casos de violencia policial al estar suscrita a normas y leyes internacionales con jerarquía constitucional de defensa y promoción de los derechos humanos.
Incluso, ante el incumplimiento de este punto, organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas han alertado sobre la “diferencia considerable entre el número de denuncias registradas y el número de investigaciones realizadas, lo que da lugar a una cultura generalizada de impunidad entre las fuerzas de seguridad y el personal penitenciario”.
De esta manera, queda en evidencia la falta de voluntad política y compromiso institucional del Estado para investigarse a sí mismo y la trama de poder que paraliza a la Justicia.
En términos concretos, en febrero de 2021 se presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto de Ley de Abordaje Integral contra la Violencia Institucional que propone la creación de un Programa Nacional contra la Violencia Institucional que busca capacitar a las policías federales y provinciales con perspectiva de derechos humanos. A su vez, promueve instrumentos de reparación a les familiares y víctimas, la implementación de protocolos de actuación, la creación de un registro nacional de casos y un observatorio que pueda realizar el seguimiento de la aplicación de la ley. Sin embargo, el proyecto no fue tratado en el Congreso.
Problemas para investigar
Un rasgo común entre los casos de desapariciones forzadas es que sus investigaciones no avanzan y tienden a justificar las muertes a través de la autolesión. La versión dada sobre Facundo es que se suicidó. Situación similar sucedió con Santiago Maldonado quien fue asesinado en el Río Chubut, en agosto del 2017, tras una violenta represión por parte de Gendarmería.
Lo que sigue en este tipo de historias es la “falta de pruebas”, que por descarte sólo dejarían como posible hipótesis la “autolesión del ahogo”, seguido de una investigación frenada con inconsistencias argumentales.
A 5 años de la desaparición seguida de muerte de Maldonado, poco se sabe de lo sucedido. En 2018 la justicia decidió cerrar la investigación por entender que Santiago se había ahogado, desentendiendo de toda responsabilidad a las fuerzas de seguridad por el operativo represivo. La causa se reabrió dos años después, pero aún no hay una línea clara de investigación.
En el caso de Facundo, Leandro Aparicio, abogado querellante, señaló: “La fiscalía sólo quiso avanzar sobre la hipótesis del suicidio, sin brindar motivos de porqué esa era la única hipótesis del caso mientras teníamos a cuatro policías que habían detenido a Facundo, habiéndolo visto por última vez subiéndose al patrullero”. El cuerpo de Facundo apareció 107 días después de que se denunciara su desaparición, junto a muestras que serían de otras personas.
Los ejemplos de estas investigaciones sin resultados de presuntas desapariciones ilícitas abundan: también es la historia de Daiana Abregú, la joven de 26 años que fue detenida en la madrugada del 5 de junio de 2022 por una contravención menor y alojada en la comisaría de su ciudad, Laprida, Provincia de Buenos Aires. Daiana apareció muerta en su celda, con signos de ahorcamiento. La Policía aseguró que la joven se había suicidado y a su madre no le permitieron ver el cuerpo sino 24 horas después.
Al respecto, Margarita Jarque, querellante institucional por la Comisión Provincial de la Memoria, señaló: “Desde el principio, sólo se quiso convencer de que se trataba de un suicidio y fueron desechando todos los elementos probatorios que nos indicaban que hubo responsabilidad de terceros, es decir, de la policía que estaba custodiando a Daiana”.
Para desechar esa hipótesis se otorgó entidad a un informe de la Policía Federal que realizó la reconstrucción del hecho sin respetar los protocolos mínimos de actuación.
Tehuel de la Torre, un joven trans de 21 años fue visto por última vez en Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires, cuando fue a una entrevista laboral. Su caso, que también refleja la discriminación estructural que viven las transmasculinidades, puso de manifiesto la ausencia de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas que incluyan una investigación independiente, efectiva, imparcial y que tenga en cuenta las identidades de las personas travesti y trans. Durante los primeros días de su desaparición su identidad de género no fue visible para las autoridades judiciales y administrativas que intervinieron: en las primeras medidas se lo buscaba como a una “mujer” o como a un “masculino” alternativamente, sin precisar su identidad de género. Hasta el día de hoy nos preguntamos “¿Dónde está Tehuel?”.
Elementos probatorios
Las versiones de “autolesión” y su prosiguiente “falta de pruebas” e incumplimiento de los procesos investigativos cuentan con un siguiente capítulo: la aparente alteración de los elementos probatorios.
En las historias comentadas, los cuerpos de las víctimas tardan en aparecer o ser mostrados: el cuerpo de Daiana fue mostrado luego de casi un día; el cuerpo de Facundo apareció 107 días después y el de Maldonado, 78 días después.
Aquí, un ejemplo más: Luciano Arruga, de 16 años, desapareció el 31 de enero de 2009. Su cuerpo fue encontrado e identificado recién en 2014, luego de permanecer enterrado como NN en un cementerio. Catorce años después, la causa judicial que tiene que investigar y esclarecer su desaparición y su muerte continúa en etapa de instrucción.
Podés leer más en: El CELS sobre Luciano Arruga: "La impunidad se construyó en los primeros momentos"
Tecnología en falta
La falta de resolución en algunos casos no sólo se debe a falta de interés o negligencia, sino también a limitaciones tecnológicas en las pericias.
Aquí puede citarse el caso de Josué Lagos, miembro del pueblo indígena qom de 23 de años de edad, que fue asesinado el 11 de junio de 2021 por una bala de arma de fuego en medio de un operativo policial en el barrio Los Silos, Chaco.
A dos años del hecho, aún no se cuenta con prueba esencial para determinar la responsabilidad de los hechos, tales como la pericia balística sobre las armas del operativo y las vainas que quedaron en la escena. Según señaló señaló Roberto Sotelo, abogado del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de la Provincia de Chaco, el gabinete científico provincial no cuenta con una lupa especial para poder hacer la comparación de las vainas de las pistolas secuestradas. “En muchos casos nos encontramos con estas dificultades para investigar, lo que redunda en demoras injustificadas en el avance de la investigación”, explicó.
También es el caso de Leonardo Bravo, un joven chaqueño de 37 años que había sido levantado en la vía pública por tres policías, quienes le propinaron una feroz golpiza. Llegó al hospital sin vida, con lesiones en la cara, hombros, marcas en las muñecas y lesiones en las piernas.
Las pruebas son irrefutables, por lo que en marzo del pasado año fueron detenidos cuatro de los doce uniformados implicados. No obstante, la investigación del resto de los presuntos involucrados no avanza por falta de tecnología investigativa: “La recolección de pruebas suele ser un obstáculo importante en las investigaciones. Hemos solicitado la realización de una pericia informática sobre los teléfonos de los policías. Si bien se cuenta con la herramienta para llevarla adelante no se había actualizado el software, por lo tanto, la información que se podría extraer era parcial”.
La explicación pertenecen a Kevin Nielsen, presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de la Provincia de Chaco, quien comentó que algunas autoridades responsables de la investigación no preservaron evidencias. Por esto, desde su espacio, junto a la familia de la víctima, han debido intervenir insistentemente para constatar la responsabilidad de los ocho acusados restantes, que la causa no se trabe y que se preservaran los elementos probatorios esenciales como las cámaras de seguridad que dan cuenta de la golpiza que los policías le dieron a Leonardo.
Autopsias
Se observa con frecuencia investigaciones que no cumplen con los requisitos mínimos internacionales para la investigación de muertes en las cuales hay una posible participación de fuerzas de seguridad y, en particular, a lo que refiere a la realización de las autopsias.
Existe el "Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas" que explicita un procedimiento con directrices específicas para peritos que deben llevar adelante en la realización de autopsias cuando se sospecha la responsabilidad de agentes estatales.
Sin embargo, tal como indica el médico legista Jorge Velich (MN 85.570), “en todo el país se observan usualmente prácticas forenses en la realización de autopsias que indican el desconocimiento de los estándares mínimos requeridos o, en muchos casos, complicidad por parte de los profesionales en el encubrimiento de torturas o muertes ilícitas”.
Según relevó el citado informe, en el caso de Daiana Abregú, los resultados de la primera autopsia fueron poco confiables porque el proceso no cumplió con los estándares mínimos del Protocolo de Minnesota, es decir, no se realizaron radiografías ni fotografías completas ni filmaciones, y no se completaron extracciones de piel que descifrar el origen de algunas lesiones.
En el caso de Leonardo Bravo, “la primera autopsia fue convencional a pesar de haber sido una muerte bajo custodia”, según manifestó el ya citado Kevin Nielsen.
“No se buscaron lesiones compatibles con maniobras de asfixia. Por esto, pudimos realizar una segunda autopsia en la cual sí aparecieron esas lesiones al hacerse bajo el procedimiento adecuado. Notamos una falta de conocimiento por parte de los gabinetes periciales y de las fiscalías de los elementos esenciales”, apuntó.
Y en el caso de Mauro Coronel, de 22 años, fue detenido el 30 de abril de 2020 en su casa del barrio Santa Rosa de Lima, Santiago del Estero, y trasladado a la Comisaría Décima. Inmediatamente, tras el arresto del joven, su madre fue a la sede policial donde escuchó los gritos de su hijo pidiendo ayuda.
Horas más tarde, Mauro fue trasladado a diferentes dependencias sin notificar a su familia. Al menos durante 48 horas no hubo información sobre su paradero. El domingo 3 de mayo, una vecina avisó que vio cómo la policía lo ingresaba en el Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo de la ciudad. Cuatro días después de la detención, Mauro falleció. A pesar de que Mauro falleció luego de haber estado bajo custodia policial, la autopsia realizada no cumplió con el Protocolo de Minnesota, nuevamente, perdiéndose información pericial clave.
“Quienes llevan las riendas de la investigación a la fecha no han imputado a ninguno de los efectivos policiales, existiendo certeza de que Mauro fue torturado durante días en su privación de libertad”, indicó Ignacio Fernández Camillo, abogado querellante de la mamá de Mauro Coronel.
Acceso a la Justicia
El acceso a la justicia por parte de las víctimas y familiares de violencia policial es un derecho fundamental de toda investigación eficaz para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a una reparación integral.
Sin embargo, Cristina Castro comentó en el desayuno con periodistas que, lejos de cumplirse esta obligación, su familia recibe “aprietes”, denuncias, persecuciones. “A nosotros no nos cuida nadie, nos cuidamos entre nosotros. Somos un equipo”, comentó la mamá de Facundo, y aseguró: “Desde que todo esto empezó sufro el hostigamiento de manera continua en mi propia casa, teniendo que ver la presencia constante de patrulleros circulando frente a mi domicilio o estacionados en las inmediaciones, al igual que a mis abogados. Nos quieren callar, quieren que dejemos de pedir justicia por Facu”.
Cristina protestó sobre el rol del Estado, que debería ser quien impute e investigue a sus fuerzas “de seguridad”. Sin embargo, Cristina tiene que pedir días en su trabajo para poder venir a la Ciudad de Buenos Aires, juntando bidones de nafta a pulmón para cumplir con su agenda porteña a pesar del parate de su venta por los saltos cambiarios.
Ella no es la única madre que debe soportar intimidaciones en la búsqueda de justicia por sus hijes. También es el caso de la madre de Mauro Coronel, Laura Coronel: “Una persona entró a mi casa cuando dormíamos con mi hija de 10 años. Me golpearon en la cabeza y me dijeron que no insista más. Lo denunciamos con mi abogado en la justicia, pero no he tenido ninguna novedad ni se ha tomado ninguna medida luego de eso. Tengo miedo y sé que quieren callarme”.
Es que detrás de cada muerte a manos del Estado hay familias que luchan, que deben vivir con un espacio vacío en sus mesas y soportando años de vericuetos judiciales, debiendo aprender el complejo engranaje del Poder Judicial para lograr Justicia. Deben traspasar un laberinto de hombres y mujeres de traje, de burocracias, trámites, de encuentros con la prensa. Esto no es lo que indican las leyes de protección de derechos humanos.
Facundo Astudillo, Santiago Maldonado, Daiana Abregú, Luciano Arruga, Josué Lagos, Tehuel de la Torre, Leonardo Bravo, Mauro Coronel, Blas Correas, Sebastián Ponce de León, y tantas otras víctimas de violencia o invisibilización institucional: ¡Presentes!