El informe del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad sobre personas afrodescendientes en situación de violencia de género asistidas revela cifras alarmantes sobre la comunidad afrodescendiente en Argentina. Esto resalta la urgente necesidad de políticas que integren la variable étnica en la legislación y sancionen la violencia por crimen de odio.
El Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivo de Género (SICVG) del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad proporcionó datos significativos en su informe de julio de 2023 sobre la asistencia a personas afrodescendientes que enfrentan situaciones de violencia. Esta herramienta, diseñada para registrar y visualizar la asistencia brindada por organismos especializados en todo el país, registró casi 800.000 casos desde su inicio en 2013 hasta junio de 2023.
Estas cifras revelan un patrón alarmante: el 95,4% de los casos involucra a mujeres, mientras que el 2.3% corresponde a hombres. Entre las personas agresoras, el 95,7% son varones y el 33% tiene antecedentes de violación de medidas de restricción. Además, el 24.3% de los agresores tienen acceso a armas de fuego.
El nivel educativo alcanzado por las personas afrodescendientes en estas situaciones es variado: desde un 8,7% con educación primaria incompleta hasta un 2,6% con educación terciaria universitaria o posgrado completo o incompleto. Los datos demuestran que el 31,4% de las personas realiza alguna actividad remunerada.
En cuanto al origen de estas personas, el 91,6% son argentinas, seguidas por un 2,4% de la República Dominicana y un 1,4% de Paraguay, entre otros. La mayoría reside en casas o departamentos (56,6%), aunque un 37,3% vive en viviendas precarias como casillas, ranchos o móviles.
El informe también destaca que el 77,4% de las personas afrodescendientes asistidas ya había tenido intervenciones estatales previas al registro en el SICVG, frente al 67,1% del total de personas registradas en el sistema.
El análisis sobre la modalidad de violencia sufrida indica que el 97.8% experimentó violencia doméstica, mientras que el 93,5% de los casos arrojó un riesgo alto o altísimo en el sistema de medición de riesgo del SICVG.
Los vínculos con la persona agresora revelan que el 81,8% corresponden a una ex pareja, el 9,3% a la pareja actual y un 3,0% a otros familiares.
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Este informe revela cifras alarmantes sobre la violencia de género que enfrenta la comunidad afrodescendiente en Argentina. En este mes de noviembre, conmemoramos la afroargentinidad, la afrodescendencia y la cultura afro. Por ello, es crucial recordar que una de las demandas prioritarias de nuestra comunidad es la inclusión de la variable étnica en la Ley Nº 26.485
Esta ley, que busca la protección integral contra la violencia hacia las mujeres en diversos ámbitos interpersonales, requiere una revisión que contemple la variable étnica. La inclusión de esta variable permitiría un abordaje más específico y efectivo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género dirigida hacia mujeres afrodescendientes, teniendo en cuenta el componente étnico y cultural que atraviesa estas situaciones.
Además, la penalización de la violencia por crimen de odio es otra petición importante de nuestra comunidad. Esto significaría una aplicación más rigurosa de la ley en casos de violencia motivada por prejuicios raciales o étnicos, brindando así una mayor protección a las personas afrodescendientes que enfrentan esta forma de violencia.
Foto de portada: Victoria Eger
