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Un ministro de educación acusado de abuso sexual

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El ministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro fue denunciado el martes 26 de abril por violación en la Unidad Funcional de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°1 de La Matanza. Dalia Esther Fernández se identificó como la víctima del abuso sexual con penetración carnal que, según su relato, ocurrió en 1983 en una vivienda en construcción. Ésta es la segunda denuncia en menos de un mes para el PRO.

La  mujer declaró que el episodio sucedió cuando ella tenía 13 años y el actual ministro 18, en un departamento ubicado en Lomas del Mirador al que ingresó con un compañero del colegio Nuestra Señora de Fátima. La denuncia señala que los dos jóvenes comenzaron a manosearle todo el cuerpo, hasta que Finocchiaro la desnudó y violó produciéndole daños físicos mientras el otro varón le sostenía los brazos y tapaba sus gritos con música alta.

Esther Fernández se explayó en una entrevista con el medio Realpolitik: “Cuando estábamos en un evento de educación física, mi compañero Eduardo se acercó y me preguntó si tenía ganas de salir con Alejandro. Yo me sorprendí de que supieran que me gustaba, y él se ofreció a acompañarme a verlo para que no tuviera miedo. Fui porque éramos vecinos desde chicos, íbamos todos al mismo colegio, y les tenía confianza, pero me engañaron”.

A dos semanas de la denuncia el funcionario de Cambiemos continúa guardando silencio. Fernández, en cambio, dijo que decidió contarlo todo después de tanto tiempo para recibir ayuda, porque tiene miedo de que le ocurra a alguien más. “Lo veo en la tele y me pongo mal, me acuerdo de todo, es como una película que no deja de pasar por mi cabeza. Tengo terror de que vuelva a hacer lo mismo, porque este tipo tiene mucho poder y está en contacto con gente chica” concluyó.

La primera denuncia que recibió el PRO en el mes de abril fue para Mariano Proietti, presidente del Concejo Deliberante de la localidad de Laboulaye en Córdoba, acusado de mandarle una serie de mensajes amenazantes a su ex novia y de violar una orden de restricción de 90 días impuesta por la justicia.

 


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