Por Natalia Corvalán y Candela Cebrero
Desde el comienzo de la pandemia por el Covid-19, el trabajo docente se volvió prácticamente un padecimiento. Esto es un denominador común para todxs, sin distinguir el tipo de gestión. A la virtualidad forzada, a la fragilidad del vínculo con lxs estudiantes y a las jornadas laborales sin límites se suma el pago del sueldo en cuotas o las deudas en los pagos. ¿Qué pasa cuando a todas estas problemáticas se les agrega que la institución educativa se maneja como una empresa? ¿Cuáles son las violencias solapadas?
La escuela no es una empresa, ni la educación un negocio
“Si nunca nos hicieron partícipes de las ganancias, ¿por qué ahora tan rápidamente nos quieren hacer partícipes de las crisis de recaudación que tienen?”, se preguntan desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) delegación La Matanza en sus redes sociales. Hoy más que nunca, lxs docentes están sosteniendo con sus propios recursos la continuidad pedagógica. “¿Es justo tener que bancarnos el maltrato de la patronal? ¿Es justo tener que mendigar cobrar la totalidad de nuestro sueldo en tiempo y forma?”, indaga Florencia, trabajadora docente de una escuela de gestión privada del mismo municipio bonaerense.
“Las escuelas de gestión privada tienen esa postura empresarial, donde si no les dan los números ajustan los salarios o directamente cierran”, afirma Nancy Romero, secretaria General de SADOP delegación La Matanza. En este escenario donde cualquier contratiempo se vuelve una bomba de tiempo, la incertidumbre de perder un ingreso lleva a la aceptación y hasta naturalización de prácticas que vulneran los derechos. Pero, ¿qué consecuencia tiene ejercer la docencia de forma silenciosa en estas condiciones?
Según la Encuesta Nacional a Docentes de Escuelas Privadas realizada por SADOP, en abril de 2020 y de un total de 8 mil docentes sondeados: el 77 por ciento sufrió problemas digestivos, el 85 por ciento dijo haber sufrido migrañas, un 88 por ciento sufrió ansiedad y angustia, un 89 por ciento tuvo dificultades para dormir, mientras que el 90 por ciento tuvo contracturas musculares y el 74 por ciento manifestó tener que combinar el trabajo con el cuidado de niños, niñas, adultxs mayores y /o enfermxs.
En diálogo con Feminacida, Romero reconoce que el tema de los sueldos no hace más que sumar presión a lxs docentes. Lxs representantes legales de estas escuelas acusan que las irregularidades en los pagos se deben a la morosidad de las cuotas por parte de las familias. No obstante, Nancy explica que actualmente la totalidad de las escuelas de gestión privada están recibiendo aportes del estado para pagar los sueldos de lxs trabajadorxs docentes. La gran mayoría recibe aportes del estado provincial entre un 100 y un 60 por ciento. Y las que no recibían subvención, ahora el Estado Nacional les aporta el 50 por ciento del dinero para pagar los sueldos. Desde SADOP afirman que la falta de pago en tiempo y forma de los sueldos de lxs docentes es por pura y exclusiva especulación de la patronal, quienes con el mismo libreto históricamente vienen engañando a sus trabajadorxs, muchxs de lxs cuales caen en la trampa y terminan creyendo el discurso del patrón.
El avasallamiento a lxs docentes de escuelas de gestión privada cuenta con una dificultad extra ya que no es recurrente la adhesión a organizaciones sindicales que acompañen en estas situaciones. Para la secretaria General de SADOP Matanza, resulta complejo poner el cuerpo cuando no hay un sistema de apoyo atrás. La afiliación al sindicato es baja principalmente por la despolitización y la estigmatización de las actividades sindicales por parte de lxs empleadorxs. Esto se está revirtiendo de a poco. Resulta clave entender que así como las escuelas privadas cuentan con una cámara a la cual están asociadas, que vendrían a funcionar como su propio sindicato, lxs docentes como trabajadorxs tienen derecho a afiliarse al suyo. Esto está establecido por la Constitución Nacional. “Así como nosotrxs les enseñamos a nuestrxs estudiantes los derechos de lxs niñxs, jóvenes y adolescentes, también tenemos que empezar a conocer y ejercer nuestros derechos, y esto siempre es más fácil si lo hacemos acompañados”, asegura Nancy Romero.
Nila, docente de nivel secundario en una escuela de gestión privada de La Matanza, manifiesta en diálogo con Feminacida que “muchxs compañerxs no pueden ver al sindicato como la organización de lxs trabajadorxs para defender sus derechos”. Asegura que esto se debe en gran medida a la desinformación y la prima de un discurso malintencionado de las clases dominantes. “Se piensa que es un grupo de personas que tienen que resolvernos los problemas y la verdad es que no, mínimamente hay que involucrarse”, sentencia.
Los números hablan
El contexto de inestabilidad producto de la pandemia puso en jaque fallas estructurales históricamente ignoradas, con la esperanza de que encuentren solución por arte de magia. Desde la insuficiencia del sistema sanitario hasta la falta de regulaciones al teletrabajo, el factor común de la mayoría de estas carencias es que afectan directamente a las profesiones más feminizadas. La docencia no es la excepción.
El sector de la educación es uno de los más precarizados a nivel nacional y no es coincidencia que sea territorio femenino. Según el último censo realizado por el Ministerio de Educación de la Nación, 8 de cada 10 docentes son mujeres y de acuerdo con datos brindados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación en 2018 fue del 47,6 por ciento, mientras que, según datos brindados por el Ministerio de Educación de la Nación, el salario docente en promedio creció un 32,6 por ciento entre diciembre de 2017 y el mismo mes de 2018. Es decir, que se registró una fuerte pérdida de poder adquisitivo que hoy, casi dos años después, lejos está de mejorar. Y este es el resultado: la pobreza y la precarización son, también, una cuestión de género.
El sistema educativo argentino está integrado por instituciones de gestión pública y privada. La primera se caracteriza por ser gratuita, laica y mixta, mientras que las instituciones educativas de gestión privada son establecimientos que están vinculados a diversas entidades, como pueden ser cooperativas, sindicatos, organizaciones sociales, confesiones religiosas, entre otras. El Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), analizó las transferencias a escuelas privadas de las 24 provincias entre 2001 y 2016 y a partir de ello realizó un informe. Según este documento, en el nivel primario el 74 por ciento de las escuelas privadas confesionales reciben subsidios del Estado, mientras que en los colegios laicos ese porcentaje desciende al 63 por ciento. En el caso del nivel secundario, el 81 por ciento de las escuelas confesionales reciben subvenciones y un 70 por ciento de las laicas también lo hacen. La totalidad de estos fondos están destinados al pago de salarios docentes y, en algunas provincias, las transferencias a los colegios privados llegan a representar el 20 por ciento del gasto total educativo del distrito.
Violencia de género en la escuela
Muchas docentes de escuelas privadas se acercan por primera vez a su sindicato con el fin de asesorarse en la lectura de su recibo de sueldo, para saber si están cobrando lo que corresponde. Romero señala que, generalmente, las consultas surgen por motivos salariales o por la asignación familiar que muchxs dueñxs de escuelas no están pagando y explica: “Es en esa escucha y charla donde comienzan a emerger otros tipos de violencias que muchas veces esas trabajadoras no logran conceptualizarlas hasta que la ponen en palabras”.
Hay algo muy común en estas instituciones y es que muchxs dueñxs ocupan también el rol de directores de la Escuela, entonces allí aparece una doble presión hacia lxs trabajadorxs porque hay una concentración de poder y son recurrentes frases como: “No podés quedarte embarazada en esta escuela”, “preferimos darles las horas a fulano que es varón porque si vos llegás a quedarte embarazada noscomplicás la vida”. Según Romero, estas son situaciones y frases que algunas docentes no pueden aún enmarcarlas como un tipo de violencia de género. “La palabra, la escucha, el hablar con otrxs compañerxs va haciendo que podamos darnos cuenta de que es una práctica recurrente y violenta hacia las mujeres, puntualmente”, sentencia.
Florencia tiene 30 años y trabaja hace cinco en escuelas privadas. Entrevistada por este medio cuenta que, en su primera entrevista en una de esas instituciones, la representante legal indagó sobre sus planes de “formar una familia” en el corto plazo. “En ese momento yo necesitaba el trabajo, así que sin pensarlo mucho ni hacerme tantas preguntas dije que no estaba en mis planes embarazarme. Hoy lo veo a la distancia y pienso que fue una pregunta que me hicieron por el sólo hecho de ser mujer. A los tipos no suelen preguntarle si quieren tener hijxs en una entrevista laboral”, asegura.
Las situaciones de violencia de género por parte de propietarixs de escuelas hacia las docentes no cesó ni mermó en la virtualidad o trabajo a distancia. Por el contrario, han puesto en juego nuevas formas de hostigamiento. Llamadas por WhatsApp a cualquier hora, videollamadas para verificar y controlar las horas de trabajo, la suspensión de pago de la asignación familiar y del incentivo docente. “Tuvimos compañeras que han trabajado enfermas de COVID-19 e, inclusive, dieron clases. En ese caso, como la escuela tiene delegada gremial, tuvimos una reunión urgente con el representante legal de la institución para advertirle que eso está prohibido, que en ningún momento hubo modificación en el régimen de licencias y que las docentes, ante un caso positivo o de cualquier enfermedad, por más que estén en sus casas, debían despegarse de la pantalla”, concluyó Nancy Romero.
En este sentido, el SADOP delegación Matanza puso en funcionamiento en el Centro de Salud Ramón Carrillo un espacio para contener, asesorar y acompañar a las compañeras que sufren diferentes tipos de violencias de género. Se trata de un espacio de concientización y acompañamiento que ahora funciona de manera remota.
Comunidades educativas en peligro
El último 20 de octubre el Instituto French de Ramos Mejía, tradicional colegio privado de la zona, anunció el cierre de sus puertas sumándose a la lista de 240 escuelas que según la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA) cerraron en el país desde el inicio de la pandemia. A través de un mail en simultáneo a familias y docentes, lxs representantes legales informaron que no abrirán las inscripciones para el Ciclo lectivo 2021. El motivo, según manifestaron, es el “endeudamiento generalizado por morosidad en el pago de cuotas”. Sin embargo, las familias denunciaron que los pagos que intentaron hacer por transferencia bancaria fueron rechazados y “rebotados” en más de una oportunidad.
Además de haber cobrado la ayuda del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y contar con una subvención estatal de un 60 por ciento en primaria y 80 por ciento para secundaria. Mientras tanto, en un intento desesperado por retrasar la indemnización, lxs dueñxs comunicaron a lxs docentes que se encontraban en la búsqueda de “rescates financieros” que les permitan continuar el año entrante, por lo que en principio, no serían desvinculados hasta el mes de febrero.
La respuesta de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) no hizo más que acentuar el malestar. “DIEGEP comenzó a llamar a las familias el mismo día del anuncio para ofrecerles vacantes para el 2021 en otras instituciones educativas religiosas, siendo que French es laica, y que triplican el costo de la cuota”, cuenta Romero y agrega: “La DIEGEP debería controlar que esos fondos que envía el estado para lxstrabajadorxs lleguen a destino, pero ese control no se está gestando”.
Yanina, trabajadora docente de nivel secundario del Instituto French, siente que DIEGEP le debe una disculpa a la comunidad educativa: “Creo importante señalar que la educación es responsabilidad directa de cada provincia, por tanto es el estado provincial el que jerárquicamente debe responder y lo está haciendo”, sostiene. Si bien identifica una dificultad para correrse de los discursos individualistas que, en su opinión, prevalecen en las instituciones de gestión privada, “la rápida organización de la comunidad educativa fue una muestra clara de que sólo la organización colectiva puede ir contra los intereses particulares”. Además, la docente destaca con énfasis el rol fundamental del Centro de Estudiantes: “Cuando los estudiantes apoyan la lucha sabes que es el camino correcto”.
No obstante, el apoyo de SADOP hizo su parte. Nila, también docente del colegio French, y Yanina, son afiliadas del sindicato y coincidieron en la rápida respuesta y asesoramiento. En ese sentido, ambas destacan la importancia de comprometerse activamente en la actividad gremial ya que permite contar con un sistema de acompañamiento integral frente a cualquier eventualidad laboral. “Uno tiene que poder confiar en el que tiene al lado, sino no hay proyecto educativo que sea posible”, asevera Yanina.
A pesar de ser un ejemplo de lucha colectiva en una institución privada, el caso del Instituto French de Ramos Mejía se encuentra en la recta final a su resolución y el panorama es desalentador. Tras tres jornadas de negociación entre las autoridades municipales y los representantes legales, estos últimos continúan negando cualquier posibilidad de continuidad. Los motivos siguen sin ser claros. En cuanto a lxs trabajadorxs, más allá de la esperanza de una indemnización, muchxs de ellxs quedarán desempleadxs por tiempo indefinido, debido a los años de antigüedad y las horas perdidas con el cierre del colegio.
Luchando desde las aulas
La feminización de la docencia termina siendo un arma de doble filo. ¿Quién mejor que una docente para encarnar la lucha y llevarla a las aulas? Y si las aulas son el reflejo de la sociedad, ¿qué mejor lugar para empezar a construir colectivamente?
La única salida es la unidad y la organización de lxs docentes, porque como nos enseñó Paulo Freire en Cartas para quien pretende enseñar: "El maestro debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, buscando transformaciones sociales".
