Foto de portada: Nadia Petrizzo
La ley 26.743 de Identidad de Género se sancionó en la Argentina el 9 de mayo del 2012. A nueve años de su implementación aún es necesario tomar conciencia y reflexionar sobre las condiciones de vida de esta comunidad. Si bien la situación de este colectivo ha dado un salto hacia adelante en la última década, todavía queda mucho por hacer y surgen preguntas: ¿Cuál es la realidad que atraviesan hoy? ¿Qué ocurre con la Ley de Cupo de inclusión laboral? ¿Qué otras acciones se necesitan para terminar con la violencia estructural de las identidades trans, travestis, transgéneros?
Una desigualdad histórica
La comunidad trans vive una desigualdad estructural que se ve manifestada a través de la falta de políticas públicas históricas que aborden el ámbito educativo, de salud y la situación de empleo del colectivo. Además, el contexto de pandemia fue un agravante en la realidad que afronta día a día esta comunidad. Si bien la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre de 2019 fue un gran avance para recuperar la noción de ciudadanía travesti-trans, aún quedan desafíos que resolver.
“La cuarentena vino a poner en la mesa la falta de políticas públicas que actualmente adeuda el Estado hacia el colectivo, es una deuda histórica porque nosotras venimos de años de persecución y criminalización de las identidades”, expresa en diálogo con Feminacida Claudia Vásquez Haro, Doctora en Comunicación y presidenta de Otrans Argentina, y subraya: “Nuestros problemas son estructurales y tienen que ver con la falta de acceso a todos los derechos”.
En consonancia, Cristina Montserrat Hendrickse, abogada y militante trans por los derechos del colectivo, agrega: “La pandemia complejizó la situación porque hubo un incremento de crímenes de odio no solamente en la comunidad trans, sino también a todas las mujeres. También la precariedad de la vivienda se vio afectada y la cuestión de empleo se resintió aún más. De todas maneras, hubo subsidios del gobierno para tratar de contener esta situación y también colaboración entre compañeras que se organizaron para ayudar a las más necesitadas”.
Alba Rueda es una mujer trans militante por los derechos de las personas del colectivo y es la primera subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación. En diálogo con este medio, señala: “La creación del Ministerio es el lugar en donde trabajamos para crear políticas públicas que velen por nuestros derechos, para nosotrxs es un paso muy importante poder incorporar la perspectiva de identidad de género dentro de las políticas municipales y provinciales”.
Hasta el momento, el Estado ha dado algunas señales para responder a la emergencia: “Sin duda la situación pandémica no está resuelta, genera exclusión, pero comenzamos un trabajo con los municipios el año pasado en donde se trata de incorporar a las personas trans a políticas alimentarias. También a programas de economía social, puntalmente el Potenciar Trabajo, donde muchísimas personas hoy en Argentina están incluidas”, agrega Rueda. Este programa es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y otorga a sus beneficiarixs acceso a la finalización de sus estudios, formación en oficios y apoyo a emprendimientos en el marco de la Economía Popular.
Tenemos cupo laboral travesti-trans, ¿y ahora?
Históricamente la población trans vive en la pobreza porque se encuentra sistemáticamente excluida de los sistemas formales de educación, lo que la deja afuera de los mercados formales e informales de trabajo. Si bien la situación laboral en Argentina a nivel general no se encuentra en su mejor momento, con un índice de desocupación que creció 2 puntos porcentuales de 9,7% al 11,7% -según los datos difundidos por lNDEC en diciembre del 2020-, la del colectivo trans es de un 85%.
“Esto nos demuestra que ser trans es un obstáculo para insertarse en el mercado laboral”, subraya Cristina Montserrat. Por su parte, la presidenta de Otrans afirmó que el acceso al trabajo formal sigue siendo una deuda pendiente: “Pienso en el trabajo como un eje medular de cualquier persona para poder proyectarse en igualdad de condiciones como un ciudadano común en un proyecto de vida. Sin trabajo no podemos ni pensar en tener una vejez digna”.
Asimismo, en septiembre de 2020 el presidente Alberto Fernández estableció por decreto (721/2020) el cupo laboral travesti-trans en el sector público nacional. El mismo dispone que en ese sector, al menos el 1% de los cargos del personal deberán ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero.
“El cupo trans en nuestro país trajo a la agenda no solamente la implementación en el sector público nacional, sino que también muchas provincias aprobaron cupo trans en sus jurisdicciones y otros que están trabajando en su implementación”, explica la subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación. Además, asegura que en los siete meses que lleva esta medida ya hay más de 6600 personas en el registro de anotación voluntaria de personas trans aspirantes a cubrir puestos en el sector público. Lo que habla de una gran necesidad e interés por parte del colectivo.
Por su parte, Claudia Vazquez Haro manifestó su preocupación en cuanto a que esta medida se pueda tratar en ambas cámaras para que por fin sea ley: “Celebramos el decreto del presidente Alberto Fernández, sin embargo, conocemos muy bien que no solamente alcanza con el sector público, porque que puede venir otro presidente y que ocurra un retroceso. Con la presidencia de Mauricio Macri tuvimos la experiencia de que eso ocurre. Por eso es necesario de que pase por ambas cámaras para que no solo aborde el sector público sino también el privado”.
En la misma línea, Montserrat agrega: “Este proyecto de ley es una medida de acción positiva que compensa con una desigualdad jurídica y real. Está previsto en nuestra constitución nacional (ART 75 inciso 23) que el Congreso tiene que adoptar medidas de acción positivas, de discriminación inversa, para tratar de proteger a los colectivos vulnerables. Así que me parece una excelente iniciativa y confío en que va a ser aprobada la Ley”.
Hacia políticas que contribuyan a un cambio
En 2012, la situación de la comunidad trans dio un salto importante gracias al reconocimiento de la identidad de género como un derecho humano (Ley 26.743). Asimismo, también implicaron avances la Ley de Matrimonio Igualitario (ley 26618) y el cupo de inclusión laboral; es por eso que hoy los sentidos para pensar el Día Internacional de la visibilidad trans son diferentes.
Alba Rueda destaca que se encuentran más visibles y presentes en las agendas políticas de todo el país, pero que eso no quita la desigualdad estructural en que la vive el colectivo.
“Necesitamos una política de Estado que nos ampare contra los crímenes de odio. Actualmente, sobre todo en redes sociales, circulan discursos de odio hacia el colectivo trans que entendemos que están vinculados a la nueva derecha alrededor del mundo”, sentencia con preocupación Cristina, haciendo alusión a los transfemicidios y travesticidios que no cesan.
Si bien el Estado es el responsable, la sociedad también: “El desafío es poder sensibilizar a la sociedad y al Estado para que seamos parte de la agenda emocional de nuestro país, que cuando maten a una compañera la sociedad también se horrorice y salga a la calle a marchar para decir basta”, enfatiza Vásquez Haro.
Terminar con la desigualdad estructural del colectivo implica un cambio que debe realizarse de manera urgente para que, junto con la discriminación, no se cobre más vidas. Reforzar la Ley de Educación Sexual Integral (ley 26.150) en las escuelas primarias y secundarias es un eslabón de suma importancia para que esto no continúe.
“Pienso que es muy importante profundizar también la Ley Micaela, aquella que obliga a capacitar a lxs funcionarixs del Estado en perspectiva de género. Lamentablemente vemos que en el Poder Judicial hay nichos de conservadurismo reaccionario, por ejemplo, el caso de Luz Aimé Diaz, donde los jueces trataron de varón a Luz. Siguen ocurriendo conceptos transfóbicos, discriminantes”, señala Montserrat.
Por su parte, Rueda, agrega: “El año pasado tuvimos un retroceso tremendo cuando se quitó la figura del travesticidio. Si bien estamos trabajando para que se capaciten en materia de género, que la Ley Micaela se haga presente, todavía queda muchísimo para modificar esas subjetividades que generan desigualdad”.
“Lo que reclamamos las personas trans es la igualdad real de oportunidades y de trato. No queremos privilegios, solo la igualdad. Esto tiene que revertirse principalmente en acciones de educación, pero también en la cultura, en los medios televisivos, en las radios y en los medios no tradicionales. Ser visibilizadxs, que no nos escondan, demostrar que existimos y que no somos monstruos que nos comemos a los niños. Tenemos mucho para aportar y enriquecer a la sociedad” concluye la abogada Cristina Montserrat.
