Dos mujeres que vivían en situación de calle fueron asesinadas en la Ciudad de Buenos Aires en abril. El primer caso que se conoció fue el de Violeta, una mujer de 70 años que hasta febrero de 2020 vivió en su tráiler. Aproximadamente un mes antes de que se decretara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), su casa rodante se incendió y pasó a vivir en la vereda donde esperó una solución habitacional por parte del Estado que nunca llegó. El segundo caso tiene que ver con el asesinato de Karen, una mujer de alrededor de 30 años que vivía en una vereda de Palermo. Ambas muertes presentan signos de violencia similares: golpes y traumatismos en la cabeza y en la cara. ¿Qué sucede cuando el odio de clase y la violencia de género se cruzan?
Los dos casos están a cargo de la fiscal Mónica Carruño, perteneciente a la Fiscalía Criminal y Correccional 7. Hasta el momento se detuvo a Cristian Sambrini por el asesinato de Karen porque los testigos afirman haberlo visto cerca del cuerpo y, el viernes 23 de abril, a un joven de 25 años que también vivía en la calle, acusado del crimen de Violeta. Las cámaras de seguridad y testigos lo ubican alejándose del lugar donde se hallaba el cuerpo.
Estos hechos volvieron a poner en el centro de la escena el odio hacia los pobres y si a ello se suma la violencia de género, como en los casos de Violeta y Karen, esto se materializa en femicidio. El patriarcado no distingue clases sociales pero cuando menos recursos se tienen, más difícil es salir del círculo. Violeta y Karen fueron doblemente vulneradas: por ser mujeres y por ser pobres.
La pobreza en datos
Hasta abril del 2019, según el segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle (CPPSC) realizado en CABA e impulsado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, 871 de las personas en situación de calle eran niños, niñas y adolescentes y al menos 40 eran mujeres embarazadas.
De las 7.251 personas censadas en aquella oportunidad, 5.412 no tenían acceso a paradores ni a establecimientos con convenio con el Gobierno de la Ciudad, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones de derechos humanos que participaron del censo.
Los datos también arrojan que el 80 por ciento son varones, el 19 por ciento mujeres y el 1 por ciento, travesti o trans y, como es de suponer, muchas mujeres expresaron haber sufrido violencia ellas o sus hijes, razón por la que debieron dejar sus hogares.
“Incrementamos los días de salida para asistir a las personas en situación de calle desde marzo 2020. Fue durísimo, vimos llorar de hambre, vimos llorar de indignación por no tener un lugar donde ir al baño”, cuenta a Feminacida Mónica de Russis, presidenta de la ONG Amigos en el Camino, la misma organización que asistía a Violeta en Recoleta.
El sentido común invita a preguntar qué acciones debería tomar el Estado sobre estas personas y los números muestran que, del total de encuestades, 2314 afirmaron no poder acceder al subsidio habitacional del Gobierno porteño por problemas administrativos y/o burocráticos.
El aumento de la problemática en la emergencia sanitaria
Como indican las cifras, la exposición de la salud por el hecho de vivir a la intemperie, la falta de acceso al alimento, a comodidades y a servicios básicos de higiene y limpieza, siempre genera deterioro no solo físico sino también psíquico y emocional.
Estos peligros se acentúan cuando las víctimas son mujeres, niños, niñas y/o adolescentes. En el último censo de 2019, previo a la pandemia de COVID-19, 1188 personas afirmaron haber tenido problemas de salud, 532 dieron cuenta de alguna discapacidad y 1577 afirmaron haber sido víctimas de algún hecho de violencia en los últimos dos años.
Este mes, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) avanzó con un censo de personas en situación de calle pero sin la participación de las organizaciones e instituciones populares pasando por alto el acuerdo firmado a fines de 2020. En él se pretendía conformar una mesa de trabajo integrada por dichas organizaciones, organismos públicos de defensa y agencias de gobierno que abordan la temática en la Ciudad para avanzar con los conteos pero redefiniendo la metodología ya que, el censo que realizó el GCBA hasta el presente, subregistra a quienes efectivamente están en situación de calle. Esto sucede porque no se tiene en cuenta la población que asiste a centros de integración o que accede a otros dispositivos de alojamiento por lo que los resultados obtenidos serían insuficientes y no se están adecuando a la realidad.
Los peligros a los que las personas en situación de calle están expuestas son múltiples y, aunque no hay datos actuales reales, desde Amigos en el Camino, Mónica, su directora, cuenta: “es difícil saber en números cuánto aumentó la cantidad de personas viviendo en las calles pero sí lo notamos en cuánto se incrementó nuestro trabajo: de visitar a 800 personas, pasamos a visitar 1000”.
Sumado al hecho de carecer de cobertura de derechos y necesidades básicas, se suma el accionar de la policía: “muchas veces las ranchadas son levantadas, los corren y las personas se van moviendo de zona. Algunas veces las encontramos y otras no”, agrega Mónica, directora de la ONG. Este traslado implica que se dificulte aún más la llegada de asistencia por parte de las organizaciones y también incide en los números: ¿cómo contabilizar una población en constante movimiento? Además, apunta Mónica en diálogo con Feminacida: “con la entrega de los subsidios habitacionales, ocurrió que algunas personas pudieron alquilar alguna pequeña habitación pero venían a pedirnos el plato de comida”.
La necesidad de un Proyecto de Ley Integral
A principios de abril, se presentó un proyecto de ley que prevé la creación, en el Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación interministerial, de un espacio de articulación integral que aspira a que se apliquen políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para las personas sin techo y para las personas en riesgo de estarlo. El objetivo se plantea con base en “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas”, tal como enuncia el proyecto.
Se propone además la articulación con áreas y programas específicos de los Ministerios de Salud, de Desarrollo Territorial y Hábitat y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, además del Sedronar.
Si bien el porcentaje de mujeres en situación de calle es menor al de varones, la vulnerabilidad social es más acentuada en ellas. Esto se debe, en gran parte, a la invisibilización de la situación.
El diputado nacional Federico Fagioli, perteneciente al Frente de Todos, junto con organizaciones sociales como Proyecto 7, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nuestramérica es quien presentó el proyecto. Este propone un sistema de atención móvil en todo el país y una "red nacional de centros de integración social" con formación y capacitación en oficios.
La propuesta del diputado Fagioli se basa en distintos derechos que tienen las personas, algunos tan básicos como la identidad personal; el derecho al acceso y al uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos, los cuales están completamente vulnerados para las personas que viven en la calle.
Además prevé el acceso pleno a los servicios socio asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; el acceso a una vivienda, entre otros. Para garantizarlo se proponen distintos dispositivos como la creación de una Red Nacional de Centros de Integración Social, de atención permanente y continua, que presten servicios socio-asistenciales básicos de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados de la salud y que además desarrollen actividades de formación y ocupación adaptadas a los conocimientos y necesidades de les destinataries. La implementación de un Sistema Nacional de Atención Telefónica permanente, la creación de un Sistema Nacional de Atención Móvil, la realización de un relevamiento anual de personas en situación de calle y en riesgo para el diseño e implementación de políticas públicas son otros de los objetivos.
Sobre los Centros de Integración Social, el proyecto dice que estarán dedicados a personas adultas solas, según su género, o a grupos familiares y serán de acceso voluntario, veinticuatro horas por día, todos los días del año.
El odio a lxs pobres tiene nombre
La problemática de las personas viviendo en la calle no es nueva. Tiene que ver con la ausencia de políticas públicas concretas en cuanto al acceso a la vivienda y al trabajo, pero no se explica solamente desde lo económico. Hay una falta de protección social en las planificaciones de urbanización y de organización del espacio público que no son menores. Y también hay otras cuestiones coyunturales que surgen desde las raíces de la invisibilización, la discriminación, la exclusión y que podríamos nombrar en términos de aporofobia.
Adela Cortina, la filósofa y escritora española, es creadora de este nuevo término. Logró en 2017 que, después de 20 años de proponerle a la RAE que incorporara la palabra al Diccionario de la Lengua Española, la Academia finalmente lo hiciera. La palabra se desprende de dos vocablos griegos: “áporos” que significa pobre, sin salidas, escaso de recursos, y “fobia”, temor, odio.
Durante su participación en la charla TEDX disponible en YouTube, dice que “ponerle nombre a las realidades humanas y sociales que no pueden ser señaladas con el dedo, posibilita que tomemos posición sobre ellas para cultivarlas o desactivarlas”.
La aporofobia es un tema profundo atravesado por la historia y la cultura de los países pero también reforzado en la xenofobia, la estigmatización a través de los medios masivos de comunicación, la exclusión de las disidencias en cuanto al alcance de las leyes y los mecanismos que las ponen en acción, el papel de la Justicia machista que reivindica los discursos misóginos, etc.
Muchos discursos asocian a las mujeres y disidencias de sectores pobres a estereotipos discriminatorios como “vagas”, “vividoras de beneficios sociales”, criminales peligrosas e invasoras del espacio público. Estos discursos se traducen en imágenes que se instalan de manera colectiva y revictimizan y acentúan la desigualdad, exponiendo a más violencias a esas mujeres y colectivos disidentes cuando se encuentran desprovistes de todo, incluso de sus derechos más básicos como techo y alimento.
Es necesario, entonces, actuar con urgencia en el avance de la aplicación de políticas públicas con perspectiva de género que les permitan a las personas salir del círculo que les quita dignidad y que las expone a los peligros de las calles. Los casos de Violeta y Karen, son muestra de que la toma de acción es urgente.
