Los cargos jerárquicos en el poder judicial parecen siempre recaer en las mismas manos. Con la idea de motivar un cambio colectivo Melisa García, abogada feminista, y Natacha Gedwillo, quien aspira a ser nombrada jueza, defienden una reforma judicial feminista que apunta especialmente a cambiar los procesos de selección.
Uno de los problemas más grandes al momento de designar jueces, es el exhaustivo proceso de selección que carece de una perspectiva de género. Hay dos ítems que se consideran en la primera etapa: por un lado, la nota obtenida en el examen escrito y, por el otro, los antecedentes.
En este último es donde se presenta el problema porque suele ser muy injusto y muy lejano de una verdadera “igualdad de condiciones” en la participación, ya que no se tiene en cuenta que muchas mujeres quedan atravesadas por las tareas de cuidado y no logran la cantidad de formación que puede alcanzar un varón.
Por este motivo, Melisa García y Natacha Gedwillo enviaron una nota ante la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura de la Nación para solicitar reformas en el reglamento de los procesos de selección y así garantizar la igualdad en estos espacios históricamente masculinizados.
Hablar del caso de Natacha Gadwillo hace posible evidenciar claramente algunos de los problemas que impulsan esta reforma. Ella quiere ser nombrada jueza, pero en los concursos continúa quedando atrás de sus colegas ya que mientras trabajaba, también cuidaba de un hijo con discapacidad. El borramiento de esta situación la pone en desventaja de sus pares hombres una y otra vez.
“Lo que no se tiene en cuenta es que yo soy mamá de un chiquito con discapacidad de once años y, aunque a pesar de eso nunca dejé de trabajar, lo tuve que hacer más lento. Como cuando nació Iñaki que tuve que renunciar al estudio porque no tenía un espacio para el cuidado”, afirma Natacha en una entrevista con Feminacida.
Natacha recuerda que convertirse en jueza fue su anhelo desde siempre y parte de las razones por las que estudió derecho. “Quería cambiar la justicia”, cuenta. El nacimiento de Iñaki y el sacrificio que conlleva trabajar en ese contexto le recordó ese deseo.
“Cuando nace Iñaki la vida se me pone patas para arriba y ahí te replanteas un montón de cosas. Es muy lindo mi ejercicio profesional, pero ¿qué quiero hacer yo de mi vida? Ahí me acordé de mi anhelo, de que había estudiado para ser jueza porque creía en la justicia y quería cambiarla”, alcara.
Actualmente, su caso particular se encuentra en impugnación y Natacha espera que no sea rechazado por motivos que pueden ser tildados de “no reglamentarios” ya que considera que eso sería irrazonable. En este proceso quedó varios lugares por debajo de un concursante varón, aunque obtuvo 15 puntos más que él en el examen escrito. El problema fue justamente con los antecedentes de Natacha, solo consiguió 67 puntos, mientras que el otro concursante alcanzó los 92.
Es así que cuando se puso a luchar por su propia designación, se encontró con una causa mucho más grande que involucra a todas las mujeres del sistema judicial. Al respecto hay algunas soluciones posibles: se podría disminuir la incidencia que tienen los puntajes académicos y priorizar la evaluación escrita. O también que aquellas mujeres que acrediten haber realizado tareas de cuidado sumen entre 5 a 10 puntos, tal como señalan en el escrito presentado junto a Melisa García.
De esta forma se intenta tener en cuenta que trabajar gratis para sumar méritos académicos es un privilegio de unos pocos. Entre otras razones porque las mujeres asumen el cuidado de diferentes personas que integran el núcleo familiar, hijos y padres, mientras que los varones culturalmente están exentos de estas tareas, lo que les deja su tiempo libre para desarrollarse y crecer en su vida profesional.
La abogada Melisa García recuerda que en su propia experiencia no pudo continuar siendo ayudante de cátedra en la facultad porque, a diferencia de sus compañeros hombres, no pudo seguir desempeñándose ad honorem y tuvo que renunciar para poder ganar dinero. Reflexionando sobre su propio recorrido, Melisa denuncia que la justicia sigue siendo uno de los espacios donde la brecha entre lo que gana un hombre y una mujer es más lejana.
“Te encontrás con que los varones, incluso muchos violentos, son defendidos por otros varones y ese abogado cobra muy buenos honorarios porque el cliente puede pagarlos. En cambio la clienta mujer, que es quien necesita ser defendida y está siendo vulnerada, quizá elije una mujer feminista que la defienda, pero no tiene para pagarle. El mismo sistema nos termina chupando y generando la desigualdad”, apunta García.
Otro punto en el sistema que merece prestar atención son las discrecionalidades en el proceso de selección que posibilitan que la subjetividad intervenga al momento de elegir entre los candidatos. Siendo que la mayoría de los puestos jerárquicos está en manos masculinas, esta decisión también queda reservada a ellos. Natacha habla de “ítems oscuros” para evaluar la trayectoria, siendo el más importante la entrevista. “A una mujer pueden bajarle 10 puntos y poner encima a un hombre que tuvo menos puntaje en la calificación total solo porque en la entrevista de ese día habló mejor, pero ¿quién dice que hablo mejor que yo? Es muy subjetivo”, explica.
Finalmente, hay que señalar que la nota y la impugnación presentadas por Melisa García y Natacha Gedwillo pueden generar un precedente para abrir camino a una verdadera perspectiva de género en un futuro. Aunque lejos estamos de poder salir del binarismo hombre y mujer en el que todavía nos inscribimos, está claro que sin paridad de género la justicia no es posible.
A pesar de todo lo presentado, hasta el momento el Consejo todavía no ha dado una respuesta al respecto.
