La Comisión de Recursos Naturales emitió dictamen favorable para el proyecto de Ley de Envases en Cámara de Diputados. Si bien su tratamiento en el recinto de diputados está previsto en estos días, el lobby empresarial no da tregua. ¿De qué se trata el proyecto? ¿Cuáles son las organizaciones territoriales que lo impulsan?
Por María Eugenia Polesello y Micaela Souquet
La "Ley de Presupuestos Mínimos de protección ambiental para la Gestión integral de envases y Reciclado Inclusivo" tiene por objetivo aplicar una tasa al envase introducido al circuito de consumo a cuenta de la gestión de su reciclaje. A medida que los materiales de los envases se modernizan, se vuelven cada vez más complejos de tratar. Esta ley apunta a formalizar la responsabilidad socio-ambiental que tienen las empresas productoras sobre el uso de envases que vuelcan al mercado y, en conjunto, robustecer a la economía circular. Como vecinxs, rápidamente cabe preguntarse: ¿acaso no pagamos por la gestión de residuos mediante nuestra respectiva tasa municipal? Pues bien, sí, pero esa tasa corresponde a la gestión de residuos que se dirigen a rellenos sanitarios, variable según la proximidad a cada relleno. Entonces, ¿pagamos por enterrar basura? Sí, y mucho dinero.
A medida que se fortalece y complejiza el circuito diferenciado de los materiales reciclables, su costo es absorbido por cada municipio. Actualmente, este servicio se efectúa gracias a la labor de cooperativas de recuperadorxs urbanxs, conformadas por acarreadorxs y cartonerxs que paulatinamente han logrado formalizar su trabajo mediante su colectivización. Sin embargo, las condiciones de sus trabajadorxs son muy heterogéneas a lo largo del país, ya que justamente dependen de los presupuestos disponibles de cada partido. Entonces, si las empresas lanzan productos al mercado con envases de una composición cada vez más difícil de reciclar, pero no pagan su costo social y ambiental, ¿quiénes pagan por ello? La sociedad, y sobre todo, lxs más vulnerables, quienes ponen el cuerpo ante los basurales clandestinos a cielo abierto. Es decir, las empresas productoras externalizan el costo social y ambiental de la gestión de los residuos de productos que ellas mismas ingresaron al ciclo de consumo.
Alicia Montoya es coordinadora técnica de la Cooperativa El Álamo, Federación de Cartoneros. Impulsora de esta ley durante 14 años, resume el panorama actual del proyecto en diálogo con Feminacida: “La ley siempre contó con fuerzas opositoras, pertenecientes a cámaras de marcas multinacionales, como CADIBSA y COPAL, que se oponen con argumentos cambiantes. Por ejemplo, ahora dicen que la Ley de Envases busca agregar un nuevo impuesto al productor, cuando los grupos partidarios que las representan habían prometido no sumar ningún impuesto más". En cuanto a su análisis del escenario de debate de la ley, explica que "si el oficialismo no se deja amedrentar por el lobby, puede tener media sanción en diciembre".
Según comenta Montoya, los argumentos opuestos siempre fueron variando en función de la conveniencia de las circunstancias. En el ejemplo anterior, el argumento es falso porque en sí, la ley lo que busca es implementar una tasa y no un impuesto, que tendrá un mínimo de 0.24 por ciento y un tope de 3 por ciento. A su vez, se exime de su pago a aquellos productores que diseñen su propio sistema de retorno de envases con aprobación de la autoridad de aplicación local. Muchas marcas ya tienen disponible este retorno para sus envases, entonces, de aprobarse ese sistema, no se les sumaría ninguna tasa.
Otro argumento de oposición, independiente de si se trata de tasa o impuesto, es que las cámaras se rehúsan a que esa recaudación sea gestionada por instituciones estatales, alegando una posible corrupción de sus fondos. La integrante de la Cooperativa El Álamo explica que esto tampoco es cierto porque la recaudación se derivaría a un fondo fiduciario, para la gestión del Ministerio de Ambiente, el Consejo Organizador Estatal y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR).
La realidad es que a pesar de las quejas que puedan presentar las cámaras, la disposición final y reciclado de los materiales descartados, en el mejor de los casos, son gestionados por las cooperativas de recuperadores en conjunto con inversión estatal. En el peor de los casos, como los de municipios sin gestión de residuos y aún menos de materiales reciclables, la basura termina acumulándose en rellenos clandestinos, o incluso incinerados domésticamente, lo cual tiene un alto costo a la salud de las poblaciones más vulnerables.
Por eso, la iniciativa busca avanzar más incisivamente hacia una mayor responsabilidad del generador: las empresas que fabrican e introducen estos materiales en el ciclo de consumo serán responsables por el pago de su disposición, especialmente aquellos diseños difíciles de reciclar. En esencia, se trata de asignar un costo a la gestión de los residuos introducidos por los productores bajo sus diseños, que generan daños en el ambiente y en la salud. Entonces, la Ley de Envases solamente apunta a pasar ese costo de recolección y reciclaje al productor. En criollo: internalizar en su costo de producción.
Las consecuencias en el trabajo de las recuperadoras urbanas
La asignación de presupuesto para la gestión de materiales reciclables dispara varios efectos positivos. En primer lugar, formalizar la recolección de esos materiales que directamente disminuye su disposición clandestina (incineraciones, acumulación). La clandestinidad de la gestión de residuos puede tener consecuencias sanitarias aún más graves en la salud de las poblaciones de niñxs y mujeres.
Alicia Montoya también indica que una mayor recaudación por parte de las tasas implicaría un aumento del presupuesto asignado a cada municipio para la conformación de nuevas cooperativas de trabajadorxs. Así, se avanzaría en la mayor formalización del empleo de lxs recolectores. Su introducción en el trabajo formal impulsa a su vez a la generación de puestos de trabajo en otros rubros (cuidadores de guarderías para lxs hijxs de recuperadorxs, puntos de disposición emplazados de manera fija (más adecuados para recuperadoras embarazadas, por ejemplo).
Otro impacto positivo se relaciona con la posibilidad de las madres para exigir legalmente cuotas alimentarias por la crianza de sus hijxs. Sucede que la informalidad del trabajo de los padres imposibilita el descuento de las cuotas, mientras a través de que la legalización del trabajo de recuperación urbana, sus ingresos serían fácilmente identificables para hacer frente a sus obligaciones parentales.
Esta formalización gatilla varios impactos positivos encadenados, entre ellos varios puestos de trabajo; los llamados "empleos verdes". En un contexto de crisis socioeconómica a raíz de la pandemia, este tipo de iniciativas aporta perspectivas de la economía circular que resultan útiles.
La creación de puestos de trabajo genuino no solamente implica un significativo aporte a la economía circular. También, significa ampliar derechos para el escalón más bajo de la clase trabajadora, que acumula una histórica cuota pendiente con los empleos más precarizados, como la recolección diferenciada entre otros, antes denominada cirujeo o cartoneo. El trabajo formal otorga a lxs trabajadores derechos humanos tales como obra social y aportes previsionales. La sanción de la Ley de Envases, y una gestión efectiva de la misma, sería un paso adelante para que miles de recolectorxs ingresen al mercado formal y fortalezcan la desafiante gestión de residuos de las ciudades. Porque salir de la informalidad siempre significa ganar derechos.
