Después de Sepur Zarco en Guatemala, el caso Manta en Perú es el segundo juicio en Latinoamérica que aborda la violencia sexual en tiempos de conflicto como crimen de lesa humanidad.
Durante el conflicto armado interno en el Perú, la violencia sexual dominó y controló los cuerpos de las mujeres como arma de guerra. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), "más del 83 por ciento de los perpetradores pertenecían a las fuerzas armadas y un 11 por ciento a grupos subversivos". En esas cifras se encuentran las nueve mujeres de Manta, quienes actualmente luchan por verdad y justicia en un segundo juicio oral contra 13 exmilitares del Ejército Peruano.
A inicios de los años 80, el Perú fue azotado por Sendero Luminoso, por lo que el ejército respondió desplegando sus bases militares en diversas regiones del país. Una de ellas fue en el distrito de Manta, en Huancavelica, región en la que el Sendero trabajó el proselitismo desde escuelas locales para expandirse en otras comunidades.
“Desde que llegaron los militares hicieron mucho daño. Nosotros pensábamos que por ser del Estado iban a apoyarnos pero todo fue una desgracia. Yo soy una sobreviviente de esa matanza de aquel 21 de marzo de 1984, me acuerdo que a las 6 de la mañana, gracias a la neblina, no lograron matarnos”, señala M.A.E., víctima de violencia sexual en Manta, quien resalta que no habían autoridades que garantizaran sus derechos frente a la violencia de los militares y Sendero Luminoso. Asimismo, recuerda el segundo período de militarización propagado por graves violaciones a derechos humanos. Principalmente desapariciones, asesinatos y violencia sexual como método de tortura, castigo y humillación para las mujeres.
“Me empezó a decir perra, ahora si vas a hablar terruca. Empecé a llorar y gritar. Ese primer militar me violó. El segundo militar entró, me ha cortado con cuchillo que lo tengo todavía y él también me ha violado”, señala otro de los testimonios recogido por la CVR en un registro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que demuestra la violencia sexual sistemática en más de 5,000 mujeres durante el conflicto armado interno.
Esta estrategia de guerra basada en el sometimiento, generó un impacto diferenciado para las mujeres, convirtiendo sus cuerpos en espacios de conquista y control como una práctica sistemática y generalizada. Las órdenes provenían del jefe o persona a cargo, quien obligaba e incentivaba a los subalternos a continuar violentando sexualmente a las mantinas, en su mayoría, campesinas quechuahablantes entre 13 y 16 años, en situación de pobreza. Muchas de ellas forzadas a ser madres cuando eran adolescentes. Elementos que demuestran como el racismo, clasismo y discriminación por género se entrelazan para reforzar las desigualdades.
“Mi vida a partir de lo que he salido embarazada producto de las violaciones, mi vida no era vida, hasta en las noches tenía que dormir con la luz prendida porque tenía mucho miedo, he vivido traumada todo este tiempo, no podría querer a esas hijas porque truncaron mi vida, mi proyecto de vida, mi mente. Dios es testigo de todo lo que me ha pasado; ojalá que nunca más ocurra esta tragedia a ninguna mujer, no deseo para ninguna hija, ninguna nieta, para ninguna sobrina, es muy triste vivir así hasta ahorita”, declaró M.A.E. en una de las últimas audiencias, cuando le preguntaron cómo afectó su vida quedar embarazada a los 16 años.
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¿Qué está pasando con el Caso Manta?
Actualmente el caso histórico de Manta se encuentra en el segundo juicio oral contra 13 exmilitares procesados por violaciones sexuales a 9 mujeres durante el conflicto armado interno en el Perú. Hechos que vienen siendo juzgados como delitos de lesa humanidad en la toma de declaración de testigxs que incluye a las mujeres denunciantes.
La defensa de la parte agraviada, reitera el pedido a la Sala de cumplir con las medidas aprobadas para evitar la revictimización y un trato digno durante el proceso. “El tribunal no ha logrado un efectivo control del tipo de preguntas insidiosas y la forma ofensiva de preguntar por parte de los abogados de los acusados. No ha tomado ninguna medida frente al reiterado incumplimiento de parte de los procesados de mantener apagadas sus cámaras durante las audiencias virtuales cuando las denunciantes declaran, a pesar de que el propio colegiado estableció esa regla para evitar afectaciones adicionales a estas mujeres que concurren a declarar con estrés postraumático y que al verlos condiciona su testimonio por el miedo que les tienen, además del agotamiento emocional”, sostiene Cynthia Silva, directora de Demus, organización feminista litigante.
Asimismo, Víctor Álvarez, abogado del caso Manta, señala que los 9 testimonios escuchados muestran un relato coherente de los hechos ocurridos. “Los testimonios de este grupo de mujeres son coherentes sobre los abusos sufridos por parte del Estado. El relato de los hechos refuerza las denuncias. Estas mujeres merecen y necesitan justicia después de tantos años de ser víctimas de una estructura machista y patriarcal del Estado y las instituciones castrenses que las revictimizan”, sostiene el abogado.
Luego de los testimonios de las sobrevivientes de Manta, la Sala Penal pasará a evaluar la actuación de pruebas e informes periciales que detallarán, por ejemplo, el nivel de estrés post traumático de las denunciantes, en su mayoría mujeres campesinas, además de otras secuelas y afectaciones.
A casi 40 años, la vida de las nueve denunciantes solo será reparada con verdad y justicia. Cuando las atrocidades cometidas por el Ejército queden registradas en la memoria del Perú y la verdad permita que la historia no se vuelva a repetir.
