En 1928, Virginia Woolf escribía: “Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción”. Cerca de 100 años más tarde, aquel “cuarto propio” que nos permitiría crecer dentro de nuestras paredes continúa siendo un derecho vital, pero inaccesible. Junto con el debate para reformar la actual Ley de Alquileres, iniciado el 12 de marzo, se abrió nuevamente el espacio a la reflexión sobre el derecho humano y constitucional a la vivienda digna. En este contexto, ¿cuál es la importancia para las juventudes? ¿Cómo y quién garantiza el acceso? Si tener una casa hoy depende de la suerte y los privilegios de algunas personas, ¿por qué resulta tan difícil alquilar?
Pola tiene 25 años, es estudiante y trabaja 30 horas por semana. Al volver la presencialidad, debió mudarse desde Rosario, donde convivía con su pareja durante la pandemia, para retomar sus estudios en la UBA. Actualmente, vive en Ituzaingó, en casa de su madre, y comparte habitación con su hermano adolescente. Su búsqueda comenzó hace tres meses, por diversos sectores de la zona oeste del conurbano bonaerense, pero no le llevó mucho tiempo comprender que cualquier alquiler era prácticamente imposible.
“Yo gano $25.000 y alquilar una habitación cuesta $20.000”, comenta. Según datos de marzo del INDEC, una persona necesita $27.122 para estar sobre la línea de la pobreza. Teniendo en cuenta estas cifras, el alquiler de una habitación comprende un 73,7 por ciento de la canasta básica individual.
Lucía Cavallero es socióloga, investigadora centrada en el estudio de Deuda y Género e integrante del colectivo Ni Una Menos. Sobre el nuevo debate de la Ley de Alquileres, reflexiona: "Que se esté debatiendo nuevamente una ley que se sancionó hace menos de dos años es producto de una avanzada de distintos grupos de inmobiliarias y propietarios". Desde estos sectores, se trabajó una campaña para instalar en la sociedad la idea de que la ley actual no funciona. A su vez, se buscó fortalecer la idea de un objetivo común entre propietarios, inmobiliarias e inquilinos, alegando una "comunidad de intereses" para "dar de baja" la ley.
“No hay una relación igualitaria entre inquilinos y propietarios. La ley viene a hacerse cargo de que esa relación es desigual y a establecer derechos mínimos para los inquilinos”, afirma Cavallero y puntualiza: “Lo que no se dice es que las modificaciones que estos sectores proponen tiran abajo ese piso de derechos que asegura la ley actual”.
El incumplimiento de la ley es moneda corriente
Eugenia vive en Colegiales, alquila desde 2005 en el mismo lugar y cuenta con todos los requisitos legales necesarios para alquilar en CABA. Su búsqueda comenzó hace cinco meses, durante los cuales experimentó casi todas las problemáticas del incumplimiento de la Ley de Alquileres. “He cortado una conversación telefónica con una inmobiliaria porque me preguntaron cuánto ganaba sin siquiera haberme mostrado la propiedad o concretado una cita”, cuenta Eugenia y aclara: “Tengo recibo de sueldo con antigüedad de 12 años, garantía propietaria de Capital a mi nombre, mi pareja es monotributista con contrato anual y, así y todo, hace meses estamos buscando”.
Recibo de sueldo “que triplique el valor del alquiler”, pago en dólar billete o pago únicamente en efectivo (y sin factura) son algunos de los requisitos más descabellados que Eugenia se cruzó en su búsqueda de una vivienda. “¿Qué otra cosa de $80.000 podes comprar sin que te den una factura? Se paga esa suma por mes y no existe comprobante alguno”, manifiesta.
¿Cuáles son los proyectos a favor de los inquilinos?
En estos días, ¿se garantiza que los derechos de los inquilinos sean respetados? La carencia de un ente regulador es una de las principales oportunidades de mejora que se propone en el debate, a favor de mantener la ley. En esta línea, algunos proyectos, como los de José Luis Gioja y Gisela Marziotta, apuntan a “transparentar el mercado inmobiliario” a través de una mayor presencia estatal.
El diputado sanjuanino del Frente de Todos, con un claro enfoque hacia la reducción de obstáculos a trabajadoras y trabajadores autónomos, tiene entre sus principales propuestas: la iniciativa de beneficiar a monotributistas, fomentando la entrega de seguros de caución que estén inscriptos en el monotributo; la construcción y adquisición de inmuebles destinados a alquileres sociales, a disposición del Estado; la deducción de las sumas que los locadores facturen en concepto de alquileres de los ingresos brutos anuales en monotributistas; y la gravación de inmuebles deshabitados en provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La diputada porteña Gisela Marziotta, con un enfoque más integral, tiene como principal propuesta la creación de una Cámara Nacional de Alquileres. Este organismo autárquico, que dependería del Ministerio de Hábitat y Vivienda, tendría como objetivo interceder entre las partes (inquilinos, propietarios e inmobiliarias) y garantizar que ninguna esté perjudicada, con la responsabilidad mayor de proteger al eslabón más débil: a quienes alquilan.
“El estado no tiene que perjudicar a propietarios e inmobiliarias. Si quieren ganar dinero está muy bien que así sea, pero no especulando y utilizando las necesidades de las personas”, declaró Marziotta a la radio Real Politik y agregó: "El acceso a la vivienda es un derecho humano que tiene que estar asegurado por el Estado".
Entre sus principales funciones, la Cámara Nacional de Alquileres se dedicaría a negociar anualmente los porcentajes de aumento de alquileres, al monitoreo de anuncios inmobiliarios y a la supervisión de los contratos de alquiler. Además, Marziotta también plantea la prohibición del pago de alquileres y depósitos anticipados por períodos mayores a un mes, y permite pagar el depósito de ingreso en cuotas durante un plazo de seis meses.
“Básicamente necesitamos que el Estado se comprometa a proteger a los inquilinos y las inquilinas de manera más activa”, resume la socióloga especializada en Deuda y Género con respecto a las propuestas presentadas. “Pero dudo mucho que un proyecto que vaya más allá de lo que implica la ley vigente pueda ser votado por la oposición”, sospecha.
No es un lujo, es un derecho
El acceso a la vivienda para mujeres, lesbianas, travestis y trans fue una problemática estructural que ganó exposición durante la pandemia. La importancia de la vivienda como refugio y de que todes tengan la posibilidad de acceder a ella es una lucha latente que llegó para quedarse. “Nosotras (Ni Una Menos) no casualmente nos involucramos en la discusión, el acceso a la vivienda es uno de los núcleos centrales para pensar, por ejemplo, en salir de una situación de violencia de género”, advierte Cavallero.
Para Romina, quien se encuentra en búsqueda de una vivienda hace más de un año, acceder a un alquiler significa no sólo su crecimiento personal, sino también contar con un nivel de independencia que se volvió una necesidad. “Si pudiera contar con ese espacio propio y no luchar tanto constantemente por no tenerlo, quizás podría dedicarme a otras cosas que hoy no puedo”, desliza. Desde el que siempre fue su cuarto en casa de sus padres, también reflexiona sobre tener la posibilidad de habitar espacios que genuinamente estén alineados con nuestra identidad: “Este espacio no es mío, no lo siento propio, y no se condice con la persona que soy hoy”.
Los tiempos se dilatan, el ahorro para la mudanza se achica y lo único que crece son las ganas de encontrar esa propiedad ideal, en una cuadra iluminada, donde predomine el sentimiento de seguridad y los derechos ganados.
Sobre la Ley de Alquileres actual
La norma vigente fue sancionada el 30 de junio de 2020, pero fue impulsada por el diputado provincial Daniel Lipovetzky del bloque Cambiemos. Cerca de cumplirse los dos años de su sanción, propietarios e inmobiliarias le adjudican la destrucción del mercado inmobiliario debido a la retracción de la oferta de inmuebles. En su defensa, agrupaciones de locatarios, como Inquilinos Agrupados, defienden y buscan ampliar el piso de derechos que la Ley de Alquileres otorga.
Luego de los encuentros del 19 y 20 de abril, se debatirá en la Cámara Baja el martes 26 y el miércoles 27 para intentar llegar a un dictamen unificado. Si para esa fecha se logra sacar uno o varios dictámenes, el o los proyectos podrían tratarse en el recinto durante la primera semana de mayo.
