Florencia Rojo es abogada, formadora en perspectiva de género y milita en el Observatorio Ahora que sí nos ven. En julio de este año denunció en dos oportunidades a Gabriel Salcedo, licenciado en Ciencias para la Familia y maestrando en Estudios de Género de la UCES, a quien la unía una relación laboral.
La causa penal es por ejercicio ilegal de la Psicología y está radicada en el Juzgado de Garantía y Transición de la ciudad de Colón, Entre Ríos. Si bien al inicio la denuncia también incluía una estafa, la fiscalía no lo consideró ya que no podría probarlo en esa área. Por otra parte, la denuncia civil es por violencia de género psicológica y económica en modalidad laboral, y está documentada en el Juzgado de Paz de la localidad de Villa Elisa.
Respaldada por el Instituto de la Mujeres, Género y Diversidad del Colegio de Abogacía de la provincia de Entre Ríos (CAER), la denunciante advierte sobre las irregularidades de los organismos judiciales en los procesos legales. Además, evidencia el poco conocimiento que hay sobre las violencias que exceden el ámbito doméstico y, más aún, sobre los derechos vulnerados por un agresor que no forma parte del círculo familiar.
Hablemos de violencias en el ámbito laboral
El vínculo laboral entre Gabriel Salcedo y Florencia Rojo comenzó en 2021 cuando se reunieron para proyectar una consultora de Recursos Humanos que ofrezca servicios afines a diferentes organizaciones. Ella aportaría sus conocimientos desde el área del Derecho y él desde la Psicología, ya que se presentaba como psicólogo especializado en ámbitos laborales.
A fines de ese año, una empresa local contrató sus servicios por un período de seis meses. La prestación inicial constaba de capacitaciones laborales sobre temas relacionados al liderazgo, la formación de equipos y la perspectiva de género en el abordaje de situaciones de violencia dentro de la institución. Sin embargo, la compañía amplió el pedido y solicitó un proyecto para crear un área específica de Recursos Humanos. Fue Florencia quien tuvo que dar de alta el monotributo para facturar y quien cubrió los viáticos que la compañía no contemplaba.
Según las palabras de la denunciante, durante los primeros dos meses prevaleció un buen ambiente de trabajo. De hecho, admiraba a su par “por lo que decía saber y la experiencia que decía tener”. Sin embargo, la relación de ambos se empezó a tensar luego de que él se separara de su pareja y le pidiera ayuda a Florencia para buscar un nuevo lugar donde vivir, a tal punto que se convirtió en una exigencia.
En enero de 2022, Florencia celebró un contrato de comodato a su nombre para que la consultora de Recursos Humanos tenga un espacio físico y brindara servicios como reclutamiento de personal, capacitaciones y asesorías en conjunto con Gabriel Salcedo. Cuando el vínculo con el principal cliente que ambos tenían les extendió el contrato inicial, pero planteando renovaciones anuales, él no solo se molestó sino que presionó a su socia a buscar nuevos clientes. Le insinuaba que, de no conseguir más empresas, él se iría a otros países porque le llovían propuestas laborales.
En marzo, Salcedo finalmente se mudó a Villa Elisa con la escritura de un inmueble de Florencia y el recibo de sueldo de su papá como garantía del alquiler. Si bien él les dijo que el contrato sería solo por un año y hasta cumplir con el proyecto de la empresa que los había contratado, cuando Florencia fue a firmar a la inmobiliaria se enteró que sería por tres años.
Los eventos posteriores estuvieron cargados de distintas manipulaciones, malos tratos y amenazas que datan por escrito en la denuncia, cuyo legajo es el N° 1515/2022.
En lo que respecta a la selección de personal de la empresa que había contratado a la consultora, como Salcedo era quien tenía el conocimiento, estableció el procedimiento a seguir que, llamativamente, cambiaba semana a semana. De manera individual, le facturaba a la empresa por informes psicotécnicos de eventuales trabajadores.
A los pocos días, Florencia le manifestó su decisión de no continuar con el proyecto que los unía y seguir vinculados únicamente por la empresa en cuestión y hasta tanto terminara el contrato. Además, se dividirían por turnos en la oficina que compartían. Un llamado de número desconocido la alertó aún más: Salcedo había tomado la prenda de un automóvil y pasó el teléfono de Florencia. Si bien ella no había firmado nada, él tenía acceso a información personal muy sensible por el alquiler de su actual casa.
Rota la relación laboral, Florencia le pidió a Salcedo que desaloje la oficina que compartían. Tal había sido el daño profesional y a su autoestima que decidió cambiar la cerradura porque temía que ingrese con su llave mientras ella estaba allí. Las dudas sobre el intempestivo cambio de actitud del ahora denunciado llevaron a Florencia a indagar un poco más. Fue así que confirmó que Salcedo no figuraba en ningún colegio de psicólogos de ninguna jurisdicción. Incluso buscó en el Sistema de Información Universitaria (SIU) y tampoco aparecía.
De acuerdo con la Ley N°5366 del Colegio de Psicología de Entre Ríos, “los psicólogos serán los profesionales específicamente capacitados para utilizar test de inteligencia para uso clínico, test de personalidad y técnicas y métodos proyectivos”.
La semana pasada Gabriel Salcedo se presentó a la indagatoria en el Juzgado de Garantía y Transición de la ciudad de Colón. Antes de la declaración, Micaela Di Pretoro, la fiscal a cargo, lo había imputado por cuatro hechos de ejercicio ilegal correspondientes a un mismo delito. Ya declararon varios empleados y el gerente de la empresa en cuestión. Además, el Colegio de Psicología de la provincia se constituirá como querellante de la causa. Trabajar con la salud mental de las personas sin el aval necesario no es legítimo.
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Irregularidades en el Juzgado de Paz de Villa Elisa
En relación a la denuncia de violencia de género psicológica y económica en modalidad laboral, se dictó la prohibición de acercamiento del denunciado y la medida vence en dos meses. El Juzgado de Paz de Villa Elisa, a cargo de la jueza María de los Milagros Lamprecht, articuló con un sector específico del municipio que trabaja con las masculinidades denunciadas. Salcedo se presentó a la audiencia, desmintió las acusaciones y prometió que en breve dejaría de usar la garantía de Florencia porque su mudanza era inminente. “Además, dijo que tenía miedo que yo le haga algo, que él es la víctima y yo soy quien lo hostiga y quien lo violentó”, suma la denunciante.
Si bien el área de masculinidades solicitó que un Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) analice el caso porque “hay daño emocional y económico”, de acuerdo al relato de Florencia, el 24 de agosto la jueza y el ETI consideraron que no hubo violencia de género. Y, aunque la estafa existe, eso no se considera dentro de la violencia económica.
“También es violencia institucional porque no se toman medidas que deberían”, señala Florencia. La jueza María de los Milagros Lamprecht mandó la causa a reserva. Con la asesoría de la abogada Patricia Carruego, ayer apeló la media por falta de perspectiva de género.
“Al inicio, la jueza dictó medidas de restricción recíprocas sin basarse en ningún criterio de derechos humanos. ¿Que el victimario tenga las mismas herramientas para denunciarme si me acerco cuando soy yo la que tengo que estar protegida? Tuve que presentar un recurso de reposición para que la jueza vaya hacia atrás con la resolución. Lo conseguí, pero porque tengo las herramientas por ser abogada, por tener formación en perspectiva de género y un equipo de compañeras abogadas con las que trabajamos juntas. ¿Cuántas tienen ese privilegio?”, reflexiona la abogada denunciante en una entrevista con este medio.
La ley 26.485 otorga a los magistrados y magistradas la facultad de crear medidas cautelares para proteger a quien denuncia. “La justicia me deja en un estado de desprotección patrimonial. Sin embargo, en vez de sacarme de la situación de vulnerabilidad por estar en la garantía, solo se lo aconsejan, se lo comentan. La jueza no toma la decisión de ordenárselo”, puntualiza Florencia.
El poco conocimiento sobre el ejercicio de las violencias por fuera del ámbito doméstico es evidente en su relato: “Tuve que explicar yo personalmente al ETI qué significaba la violencia económica y por qué esto era una manifestación de esa violencia”.
Emma Clementi es abogada e integrante de Abofem - Filial Entre Ríos. Se conocieron porque ambas integran el Instituto de Mujeres, Géneros y Diversidad del Colegio de Abogacía de Entre Ríos. Consultada por este medio, aporta al respecto: “Como profesionales tenemos un rol sustancial en el cual no es indiferente tener o no perspectiva de género. Capacitarse y estudiar por ahora sigue siendo un esfuerzo individual, pero debería ser una política educativa universitaria porque nuestra práctica nos lo exige. Sobre todo, cuando abordamos situaciones de violencias”.
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¿El aliado inventado?
Gabriel Salcedo es autor del libro El macho inventado: Una mirada crítica a la masculinidad donde hace una cronología sobre cómo se constituyó el patriarcado. Florencia asegura que se apropia de nuestras consignas: “Da cátedra sobre masculinidades, sobre cómo apoyar la lucha de las mujeres y es una persona violenta. Es perverso, porque no solo es violento sino que además goza con la violencia que ejerce, con la manipulación de las personas, y sobre todo de las mujeres”.
“Es muy hábil con sus palabras. Me da muchísima bronca que utilice la lucha feminista y su conocimiento en género, que no dudo que lo tenga. Para que su discurso se refleje en sus hechos, estamos a años luz”, continúa la denunciante y revela: “A través de lo que sabe de teología, más la mentira y la manipulación, se mete con las personas que están dentro de religiones que los oprimen para venderles un discurso liberador y así someterlos y tenerlos como consultantes de su pseudo psicología new age apoyada en género”.
De acuerdo al relato de Florencia, el modus operandi del denunciado se funda en su carisma. “Cuando entrás, empieza a socavar tu autoestima y él se convierte en una persona que todo lo sabe y vos pasás a ser quien necesita de él para tomar decisiones”, fundamenta la abogada.
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Nos sostienen las redes feministas
Cuando las manifestaciones de violencia son poco visibles y cuesta probarlas, aparece la revictimización. ¿Será necesario aclarar que la sutileza no quita la gravedad? En el Juzgado de Paz de Villa Elisa se sigue considerando que es un asunto laboral entre las partes y no una cuestión de género.
“La psicóloga y la asistente social me insistían para que lo piense, que tal vez llevar tantas causas era contraproducente para mí, queriéndome convencer que no siga con la denuncia. Y que como tenía la suerte de ir a terapia, esto lo deje en manos del Colegio de Psicólogos. ¿Qué ocurre con las mujeres que van y después desestiman las denuncias por cómo aconsejan sus profesionales en las entrevistas?, cuestiona la denunciante.
Florencia Rojo no está sola, cuenta con el respaldo del Instituto de Mujeres, Géneros y Diversidad del CAER. Reactivado en 2020, el organismo trabaja mayoritariamente en propuestas de formación para la colegiatura. “Pusimos el tema de la perspectiva de géneros para el ejercicio de la abogacía como una prioridad y la necesidad de reformar las normas de ética en ese sentido”, indica Carolina Charles Mengeon, abogada feminista y presidenta del Instituto, en una entrevista con Feminacida.
Sobre la importancia del apoyo institucional en situaciones como la de Florencia Rojo, la profesional considera: “Cuando surge un caso nos ponemos a pensar estrategias; nos comunicamos cuando han sido colegas las que denunciaron violencias en distintos ámbitos para ponernos a disposición, hemos realizado denuncias al tribunal de ética cuando otros colegas han realizado expresiones discriminatorias reproduciendo estereotipos y en contradicción con las normas de protección. También realizamos comunicados en redes para llegar a distintas autoridades y que nuestras voces sean escuchadas como mujeres y profesionales de la abogacía comprometidas con la erradicación de las violencias”.
Además, Charles Mengeon resalta que más allá de tener recursos simbólicos por ser una abogada la que denuncia, no la hace ajena a vivir violencias: “Denunciar es una decisión que implica poner el cuerpo para transitar y sostener un proceso personal y judicial”. En ese sentido, Emma Clementi, coincide: “Si bien la denuncia es un derecho individual, el proceso que conlleva poder hacerlo acompañada implica una construcción colectiva, lo cual nos posiciona desde otro paradigma en relación al servicio de justicia”.
Imagen de portada ilustrativa: @cadaver0exquisito
