En el marco del Día Internacional de Lenguas de Señas establecido por la ONU, la Confederación Argentina de Sordos (CAS) junto con asociaciones civiles afiliadas convoca una movilización al Congreso de la Nación este 23 de septiembre próximo a las 14 horas para exigir el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas (LSA).
Desde hace más de 20 años que la comunidad sorda está en lucha para que se reconozca oficialmente a la "Lengua de Señas Argentina" (LSA) como idioma natural de las personas sordas en todo el territorio nacional. Desde 2007 se ha presentado el proyecto en cuatro oportunidades.
En 2006, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, promulgada por la ONU, estableció un cambio de paradigma esencial: dejar de ver a las personas sordas desde una perspectiva médica rehabilitadora y promover un enfoque que las considere sujetos de derecho.
Con la LSA, las niñeces sordas logran acceder a un desarrollo lingüístico-cognitivo acorde a su edad que garantiza posteriormente el pleno ejercicio de las facultades, derechos humanos, civiles, culturales y políticos.
La Constitución Nacional, en su artículo 16, consagra la igualdad ante la ley de todos los habitantes de la Nación, derecho del que, sin esta norma, las personas sordas se ven privadas. En consecuencia, se ven limitadas en el acceso a la información, a la educación y al trabajo digno que las coloca en un lugar de desprestigio y de exclusión social.
Esta falta de comunicación, de información y de educación se transforman en barreras para conseguir trabajo. Por eso, el 58,4 por ciento de las personas sordas en edad laboral se encuentra inactiva y el 39,9 por ciento tiene un trabajo por lo general precarizado, lo que limita su independencia económica aún en condiciones de empleo.
El proyecto de ley se estructura en algunos ejes fundamentales: el reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina como una lengua natural, originaria y que forma parte del patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad sorda; libertad de elección y uso de la LSA; el restablecimiento de organismos legítimos de consulta que representen a la comunidad sorda; y garantía de acceso a la LSA mediante la enseñanza oficial que garantice la educación de las personas sordas.
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Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 1500 millones de personas que viven con algún tipo de disminución auditiva, de los cuales 430 millones tiene una disminución auditiva muy baja que requiere atención especial.
En toda Latinoamérica, sólo Argentina y Guayana Francesa no cuentan con una ley que reconozca la lengua de la comunidad sorda como oficial.
De acuerdo al censo de 2010, hay 945.168 hogares con al menos una persona con dificultad o limitación auditiva permanente.
El 86% las personas sordas asisten o asistieron a escuelas donde no pueden o no pudieron comunicarse con sus docentes. Por lo tanto, el sistema actual no garantiza la inclusión educativa para que los niños y las niñas de este colectivo aprendan en igualdad de condiciones. Las infancias deben tener garantizado el derecho a poder acceder a una lengua que les permita comunicarse, expresar sus ideas, sentimientos, emociones desde los primeros años de vida.