Según el Reporte de Incendios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, los incendios en Córdoba se encuentran controlados en todas las localidades que hasta ayer ardieron como La Falda, Huerta Grande, Villa Carlos Paz, Calamuchita y Embalse. Por su parte, hay focos activos en Jujuy, Salta, San Luis, Tucumán y Entre Ríos.
La situación de Jujuy y Salta es alarmante. Hasta el sábado pasado se reportaron 5550 hectáreas destruidas en las yungas jujeñas, en 2020 se habían quemado ya 8235 en esa zona, 1696 del área protegida.
La situación extrema que atraviesa gran parte de Argentina, ¿es sólo una cuestión climática? ¿Qué leyes deberían cambiar? ¿Cuál es la incidencia de las decisiones en cuanto a políticas ambientales?
En Salta el avance de los incendios forestales destruyó ya unas 3.700 hectáreas. Las zonas más afectadas son los departamentos de San Martín y Orán, donde trabajan más de 30 brigadistas del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. El subsecretario de Defensa Civil de Salta, Jorge Arce, declaró en distintos medios radiales que las condiciones meteorológicas como la baja humedad, altas temperaturas y los vientos cambiantes, provocaron que "se activen muchísimos focos".
Sin embargo, distintas agrupaciones ambientalistas denuncian y dan cuenta desde hace varios años que la especulación inmobiliaria, los negocios de grandes empresas agrarias entre otros motivos superpuestos, propician que no se tomen las decisiones adecuadas que pongan en pausa el declive ambiental desatado que avanza a gran velocidad.
Las declaraciones de los responsables gubernamentales de cada provincia alegan, por lo general, que los incendios son producto de las condiciones climáticas. Tal es el caso Arce, quien adjudicó la raíz de los focos ígneos a “las condiciones meteorológicas”. Por su parte, la ministra de Ambiente de Jujuy, provincia gravemente afectada por las llamas, declaró que allí había actuado “la mano del hombre”.
Como daba cuenta la especialista de ambiente María Eugenia Polesello a principio de este mes en su newsletter de la Comunidad Feminacida, se estima que un 5 por ciento de los incendios son naturales (como rayos de tormentas eléctricas), pero el 95 por ciento son por causas humanas (fogatas, incineración de residuos e intencionales). Por lo que adjudicar estos problemas a un “loco suelto”, es reduccionista además de peligroso. El verdadero problema es la incorrecta gestión de los recursos naturales y la falta de educación ambiental, además de la postergación de la implementación de leyes de protección.
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Es real que muchos productores locales realizan quemas de pastizales a modo de renovación periódica para sus actividades ganaderas y esta es una práctica amparada por la Ley de Manejo de Fuego N° 26.815, únicamente para actividades productivas que no se solapen con áreas protegidas y bosques nativos. Pero sucede que estas leyes no contemplan los procesos actuales de empeoramiento que se fueron dando en las últimas décadas. Esta práctica en conjunto con otras, en un escenario como el actual, resultan fatales.
En este contexto, es absurdo mantener las actividades económicas-productivas y que los marcos que las regulan se mantengan en su práctica estándar. “La nueva normalidad también nos convoca a la adaptación de nuestra relación como individuos, gobiernos e instituciones con el ambiente, algo así como una co-evolución”, explicaba la licenciada en Ciencias Ambientales.
Yungas en peligro
Uno de los riesgos en auge es que los incendios de Salta se encuentren con los de Jujuy, provincia afectada sobremanera, con daños irreparables en el ecosistema de las yungas jujeñas.
En esta provincia en particular, la quema intencional está prohibida por la Ley provincial N° 5018. Sin embargo, distintos empresarios y productores del sector agrario y agroindustrial utilizan este accionar para la limpieza de campos de forma descontrolada, según denuncian algunas agrupaciones y movimientos ambientalistas de la zona.
Tan solo en 2021 se quemaron más de mil hectáreas en estas regiones que se sumaron a los múltiples incendios donde justamente los focos se mantienen. Esto sumado a las sequías, provocó que los fuegos generados se expandieran y fueran mucho más complejos, amplios y difíciles de controlar.
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El proyecto de Ley de Humedales, presentado por primera vez en 2013, busca establecer presupuestos mínimos de protección ambiental que aseguren la conservación de las principales fuentes de biodiversidad del territorio. Su aprobación es más que urgente.
