La muerte de una niña de la villa 21-24 en condiciones de vulnerabilidad el 15 de agosto de este año puso de manifiesto la crisis en la que se encuentra el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes. En ese escenario, la legisladora porteña por el Frente de Todos Maru Bielli comenzó a gestar un proyecto de ley de atención prioritaria en la promoción y protección de sus derechos en la Ciudad de Buenos Aires que se presentó ayer en la Legislatura.
“La respuesta política que teníamos que darle a esta situación era tratar de salir del caso y entender cómo todos los mecanismos estructurales y alarmas habían fallado”, dijo Bielli y añadió: “No nos puede pasar por desapercibido a ninguno de los que somos representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que haya niños y niñas que mueran porque han sido vulnerados sus derechos de manera sistemática”.
El proyecto apunta a fortalecer los distintos dispositivos de protección, promoción y acompañamiento en materia de derechos, educación y salud. Entre otras propuestas se destaca el pedido de incremento presupuestario del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, el incremento salarial de sus equipos técnicos, la ampliación y el robustecimiento de los Equipos de Orientación Escolar y de los equipos de los centros de salud.
Participaron en la presentación Gabriel Lerner, secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; María Elena Naddeo, directora General de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad; Alicia Guerrero, directora de Fortalecimiento del Sistema de Promoción y Protección de la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Susana Reyes, directora del Centro Educativo Isauro Arancibia, docentes de la Escuela 11 DE 5 a donde asistía la niña; trabajadoras y trabajadores de niñez y adolescencia de ATE, entre otros actores.
Un sistema resquebrajado
En la Argentina, la mitad de las niñeces y adolescencias son pobres según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. Se trata de 5,54 millones de niñes menores de 14 años. A su vez, más de un millón de niñas, niños y adolescentes se priva de alguna comida —desayuno, almuerzo, merienda o cena— por falta de dinero. La inestabilidad laboral y la insuficiencia en los ingresos de los hogares con niñes son los principales determinantes de esta situación, de acuerdo con la Encuesta Rápida sobre la situación de la niñez y adolescencia 2022 de UNICEF.
En la Ciudad de Buenos Aires, el 31,9 por ciento de les niñes y adolescentes residen en hogares en condición de pobreza, de acuerdo a un informe elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad. “En esta ciudad tenemos el privilegio de tener menos chicos y menos pobreza y no hay manera de explicar que con el presupuesto que tiene esta jurisdicción no podamos reducir los números de pobreza e indigencia”, expresó Lerner y sentenció: “La posibilidad de que no haya situaciones graves de vulneración de derechos está a la mano del Estado”.
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Efectivamente se trata del distrito más rico del país, —su PBG per cápita es el triple que el de la provincia de Buenos Aires y el cuádruple que el de Mendoza— y también uno de los más desiguales. Según una investigación del Centro de Estudios Metropolitanos, el 36,6 por ciento de los hogares del sur con niñes y adolescentes son pobres, mientras que en la zona norte el porcentaje desciende a 8,2 por ciento. Asimismo, la mortalidad infantil en los barrios del sur es dos veces mayor que en el norte y la falta de acceso a vacantes es tres veces superior que en las zonas más privilegiadas.
Esto da cuenta de que no se trata solo de un problema de ingresos, sino de un sistema de protección integral resquebrajado y de que no se priorizan los dispositivos que promueven derechos. La falta de jerarquización tiene un correlato presupuestario: la participación de la partida del Consejo y de la Dirección General de Niñez y Adolescencia —dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat— en el presupuesto total de la Ciudad cayó del 1,09 por ciento en el año 2018 al 0,87 por ciento en el 2022. A esto se suma que, desde el 2018 hasta la actualidad, el presupuesto dirigido a ambas entidades perdió en términos acumulados el 36 por ciento de su poder adquisitivo.
El Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es el organismo especializado en la infancia tal como lo establece la Ley N° 114 de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 1998. Se trata de una normativa de avanzada que incluso precedió a la Ley Nacional 26.061, la cual materializó el cambio de paradigma en la concepción de les niñes y adolescentes en la Argentina. Este giro implicó dejar de pensarles como “objetos tutelados” por las instituciones, sino más bien como “sujetos de derechos” que deben ser escuchadxs. O, en otros términos, como sujetos políticos.
Melina Vinuesa, trabajadora social y plenarista por el Frente de Todos en el Consejo, manifestó a Feminacida la preocupación por el estado de las Defensorías Zonales. Se trata de organismos descentralizados del Consejo que funcionan en cada una de las comunas de la Ciudad y cuentan equipos interdisciplinarios que acompañan a les niñes ante situaciones de vulneración a sus derechos.
Según los propios informes anuales del Consejo, las intervenciones de las Defensorías aumentan año a año, llegando a representar más de la mitad de las intervenciones totales que realiza el organismo. Vinuesa señaló que no es casualidad que sean especialmente las ubicadas al sur de la Ciudad —comunas 1, 4 y 8— las que registran una mayor cantidad de casos cada año, desde el 2015 hasta la actualidad. “Se trata del sector más postergado por las políticas de Horacio Rodríguez Larreta”, afirmó. Asimismo, el aumento de las demandas de intervención va acompañado de una merma de profesionales en cada una de ellas y el aumento de vacantes sin cubrir, lo que se profundiza en las Defensorías de las Comunas 4, 8 y 9.
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De acuerdo al artículo 64 de la Ley 114, los equipos técnicos deben integrarse con 5 profesionales. Sin embargo, de un total de 60, en la actualidad el 37 por ciento están incompletos por la falta de llamado a concursos. Tal como explicó Vinuesa a este medio, la falta de personal genera la sobrecarga de los profesionales que intervienen en los diferentes equipos técnicos, la rotación hacia otros puestos de trabajo dentro del organismo, o bien la renuncia debido a los bajos salarios.
En los Departamentos y Equipos de Orientación Escolar (EOE) la situación no es mucho más promisoria. En las escuelas secundarias, los profesionales asisten un promedio de 3 días a la semana dada la poca carga horaria que tienen sus puestos de trabajo, lo cual reduce las posibilidades de abordaje de situaciones problemáticas. En lo que respecta a las instituciones de educación inicial y primaria, los EOE acompañan entre 500 y 700 casos. “La escuela no puede sola”, concluyeron en ese sentido las docentes de la Escuela 11 DE 5.
Foto de portada: Catalina Filgueira Risso
