El Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) se une a Ipas Latinoamérica y El Caribe, la organización perteneciente a una red internacional que trabaja para fortalecer los derechos reproductivos de la mujeres, la Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina (REDAAS) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina para impulsar un proyecto de ley que repare la situación de las obstétricas en nuestro país. El pedido es la sanción de una ley que reconozca la autonomía del ejercicio profesional de la Obstetricia y fije estándares basados en las recomendaciones internacionales. Será un aporte a la salud pública y a la agenda de género en Argentina.
Las personas licenciadas en Obstetricia, en su mayoría mujeres, tienen la formación necesaria para prestar el 90 por ciento de la atención de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Sin embargo, representan menos del 10 por ciento del personal, como consecuencia de una deuda normativa con la regularización de la profesión y una brecha de género.
Las dificultades en el ejercicio de la profesión vienen en gran parte de la falta de regulación, pero también de la situación institucional en que se desempeñan: discriminación en cuanto al reconocimiento de la profesionalización de la práctica, desigualdad de regulación de acuerdo a la normativa de cada provincia y, además, una práctica existente en la realidad cotidiana que no se condice con lo que la ley establece, pero que en el hacer diario ocurre porque no hay más personas que ejerzan ese trabajo que las mismas obstétricas.
“En el servicio de obstetricia atendemos a todas las personas que acuden ya sea por un sangrado, por una menstruación abundante, por un aborto en curso o por un trabajo de parto. Y hacemos todo solas porque somos las únicas allí”, cuenta Lorena Musicarelli, licenciada en Obstetricia que se desempeña en la provincia de Córdoba.
Con o sin ley, en la práctica, el trabajo de las obstétricas es imperioso y va a seguir existiendo. Una ley valoraría y haría visible el trabajo que llevan adelante. La expertiz existe, solo debe ser valorada. Valeria Plugoboy, obstétrica de la provincia de Entre Ríos, expresa que una ley daría tranquilidad, reconocimiento y respaldo para movernos con seguridad. "Van a seguir existiendo las prácticas que realizamos que están enfocadas básicamente en garantizar los derechos de todas las personas con capacidad de gestar, pero necesitamos la regulación”, insiste.
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Las regulaciones diferenciadas
Hasta 1960, la legislación permitía a “la partera” determinar la necesidad o no de la intervención médica. Pero desde 1967, la ley vigente promueve un modelo en el que las obstétricas son colaboradoras de la labor médica. La mayoría de las regulaciones emitidas desde 2010 permite a las obstétricas conducir, realizar y completar este proceso sin intervención de otros profesionales cuando se trate de partos de bajo riesgo, pero eso no sucede con las normativas previas, algunas de ellas aún vigentes en algunas provincias.
Desde CEDES explican que, por ejemplo, no hay una indicación normativa común sobre la prescripción, entrega o colocación de métodos anticonceptivos (MAC), ya que sólo en la mitad de Argentina las obstétricas están habilitadas para colocar o extraer MAC de larga duración. Debido a que tienen una alta efectividad, en las provincias donde no está aclarada esa competencia, las personas con capacidad de gestar tienen una limitación injustificada en la accesibilidad a su derecho a la salud.
En cuanto al servicio de consejería, otra de las incumbencias recomendada para la Obstetricia, está ausente en la mayoría de las provincias y las que la contemplan tienen variaciones en su alcance. Algunas se limitan a la consejería anticonceptiva, otras amplían su función a la salud reproductiva y unas pocas incluyen consejería en IVE/ILE. Estas disparidades afectan directamente al derecho a recibir atención e información en materia de salud sexual reproductiva y no reproductiva, además de generar consultas innecesarias a otras profesiones de la salud.
En este sentido, la regulación por ley también mejoraría el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de la población que está en déficit, por el rol que juegan las obstétricas en la promoción, la prevención y el tratamiento de algunos problemas en la salud de la persona gestante, la salud neonatal y la salud sexual y reproductiva. Con la puesta en valor del trabajo realizado, se descongestionaría el trabajo médico.
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El cuerpo de las mujeres como territorio en disputa
La mayoría de quienes ejercen la profesión de obstetricia son mujeres, así como quienes acceden a los servicios brindados. En Argentina, todavía se producen muertes de personas gestantes por complicaciones evitables en el embarazo y el parto. Con una regulación profesional y la formación adecuada, quienes ejercen la obstetricia podrían proveer el 87 por ciento de los servicios esenciales y evitar muertes o complicaciones.
El reconocimiento de la autonomía y responsabilidad de la atención no siempre se consigue porque los ámbitos en que se desempeñan suelen moverse en torno a discriminaciones por motivos de género. “Es importante recuperar la voz de las obstétricas porque saben lo que ocurre en los territorios y en los cuerpos de las mujeres. Hay que recuperar esos saberes, muchas veces deslegitimados por el sistema médico”, enfatiza Ruth Zurbriggen, activista e investigadora de La Revuelta Neuquén.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015) reafirma la necesidad de avanzar en el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva -incluidos los servicios de anticoncepción- para el año 2030. Destaca la importancia de la disponibilidad y difusión de información y educación, así como también la interacción de la salud reproductiva y las estrategias y los programas nacionales. Argentina es un país que ha avanzado en materia de sanción de leyes integrales sobre salud. Una ley que regule las funciones y competencias de las obstétricas es una deuda pendiente con urgencia de ser saldada.