Cuatro mujeres de la comunidad Lafken Winkul Mapu y nueve niños y niñas -de entre 20 días de vida y 9 años- continúan detenides tras la represión en Villa Mascardi, Río Negro, desatado el pasado 4 de octubre. Los derechos de las niñeces están siendo vulnerados: fuera de su territorio permanecen bajo prisión domiciliaria. Algunes se encuentran en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), mientras que otres están en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Soraya Maicoño es mujer mapuche y acompaña el proceso de recuperación territorial de los Lof Mapuche. “La situación es dramática. A estos pichikeche (niños) se les ha quitado todo. Se los arrancó de sus casas, se los separó de sus madres. Muchos iban a la escuela y ahora no pueden asistir. Viven en estado de alerta cuando llega alguna notificación o hay algún movimiento porque piensan que nuevamente van a separarlos de sus madres”, relata en una entrevista con Feminacida.
El pedido que llevan adelante diferentes referentes mapuche es que organizaciones civiles que se ocupan de niñeces y crianzas y sus derechos, tomen posición, visibilicen y denuncien la situación violenta y dolorosa que están atravesando niños y niñas.
“En muchas comunidades hemos sacado a nuestros hijos de las casas porque no sabemos cuándo las fuerzas represivas, con cualquier pretexto, pueden entrar a nuestros hogares a romper, violentar y humillar”, agrega Soraya Maicoño y remarca que el Estado Nacional pretende resolver el problema de las niñeces detenidas junto a sus madres, simplemente separándolas de ellas, lo que sería aún más desgarrador.
“Fueron las decisiones del Gobierno representadas en sus fuerzas las que desataron este maltrato, dramatismo, humillación y vulneración de todos los derechos de las infancias. No queremos que sean ellos quienes resuelvan esta situación porque sus formas, probablemente sean inhumanas como hasta ahora”, denuncia la referente mapuche consultada.
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Desde las detenciones, se sumaron denuncias públicas en las que se expresa que varias de las niñeces que permanecen con sus madres presas presentan problemas de salud o necesitan atención médica. Además, han tirado abajo sus casas en los siguientes allanamientos simultáneos. Al respecto, Soraya Maicoño relata: “Con quienes más se ensañaron en esta ocasión fue con los niños. Les apuntaron con el láser de sus armas en la cabeza y los ojos. Ese es el trato que están dándonos las fuerzas represivas”.
La persecución
El 4 de octubre pasado las cuatro fuerzas federales allanaron y desalojaron a la comunidad Lafken Winkul Mapu de las tierras ancestrales que les pertenecen. El lugar está ubicado cerca de Villa Mascardi, en Río Negro. Para el ataque se utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma contra mujeres y niñeces.
Originalmente fueron detenidas siete mujeres junto a sus hijes: Betiana Colhuan Nahuel, Romina Rosas, embarazada, María Celeste Ardaiz y Martha Jaramillo quienes aún permanecen en prisión domiciliaria en una delegación de la SENAF; Florencia Melo y Débora Vera, permanecen en la sede de la PSA en el predio del aeropuerto. Andrea Despo, otra de las detenidas fue sobreseída y liberada una semana más tarde y relató en una de las marchas por la liberación de las presas, las múltiples torturas que padeció: “Nos desnudaron cuatro veces. Sufrimos maltrato, tortura psicológica, emocional y cultural todo el traslado y el tiempo de detención”. En esa ocasión también pidió por la liberación de sus hermanas y sus hijos pequeños.
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La razón que el Estado Nacional da para el allanamiento inicial del 4 de octubre es un ataque incendiario que se registró en un puesto de Gendarmería. El hecho se investiga en la Justicia Federal bajo la carátula “incendio, atentado y resistencia a la autoridad”. En la causa que está a cargo de la jueza federal Silvina Domínguez y la fiscal Cándida Etchepare prima el secreto de sumario, por lo que no es posible saber si existen pruebas fehacientes contra integrantes de la comunidad. A partir de ese hecho puntual es que se intenta justificar el desalojo de toda la comunidad cuya disputa por la tierra viene siendo tramitada en otras causas judiciales diferentes pero las mesas de diálogo fueron suspendidas hace meses.
El reclamo por las tierras de la Patagonia tiene larga historia. En conferencia de prensa en el Centro Comunitario 10 de Diciembre de Bariloche, María Nahuel, Sixto Jones y María Isabel Huala, denunciaron otro allanamiento violento y expresaron: “Más allá de este último hecho, se trata de una persecución que lleva más de 150 años. No somos violentos, nos violentan. No olvidamos que desaparecieron a Santiago Maldonado por haberse solidarizado, mataron a Rafita Nahuel que buscaba otra forma de vida y por ir a recuperar un pedacito de tierra, mataron a Elías Garay”.
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Y agregaron: “El Estado no está dimensionando lo que está haciendo, que es una vergüenza; con represión, balas, desalojos, echando culpas o buscando demonios internos, no parará –sino todo lo contrario– esta violencia que sufrimos como pueblo y que sufren nuestros niños”.
La pugna por la tierra en la Patagonia deriva de la falta de respuesta por parte de las autoridades a las demandas de comunidades indígenas que apuntan a recuperar su territorio ancestral. Los desalojos no solo no resuelven la situación, sino que la posponen y agravan. El Gobierno Nacional abandonó la política de mesas de diálogo que había iniciado en 2020, lo que agudizó el problema en Mascardi. Hay leyes vigentes que deberían orientar las demandas de las comunidades, pero la evidencia indica que los intereses económicos y las disputas de los gobiernos provinciales en conjunto con la Justicia no se direccionan hacia resoluciones favorables para los pueblos originarios.
