El 14 de noviembre de 2012 se sancionó la Ley N° 26.7911, la cual reformó el artículo 80 del Código Penal para criminalizar de modo agravado ciertos homicidios especialmente relacionados con la violencia de género. Esta legislación amplió la figura del homicidio calificado por el vínculo y el catálogo de crímenes de odio, e incorporó las figuras de femicidio y femicidio vinculado. En esta nota, la legisladora porteña Victoria Montenegro aporta a la reflexión a 10 años de su sanción.
Foto de portada: Catalina Filgueira Risso
En el año 2015, cuando dábamos charlas en el Consejo Nacional de las Mujeres, remarcábamos lo que significaba para las mujeres de mi generación haber crecido leyendo o viendo por televisión los mal llamados “crímenes pasionales” que siempre tenían como víctimas a las mujeres. Esa idea era parte de la construcción del amor romántico que imperaba, donde se naturalizaba la figura del “crimen pasional” y que significaba, básicamente, que él, desbordado de amor, explotaba y te mataba porque algo habías hecho para provocarlo: una explosión de amor, de celos y de violencia incontrolable que lo llevaba a matarte.
Es importante que como sociedad podamos hablar y debatir sobre un aspecto fundamental de la realidad: quienes hoy cumplen funciones como fiscales o jueces (hombres y mujeres) también crecieron bajo ese paradigma del “crimen pasional”, que seguramente también son condicionantes al momento de ejercer sus roles. La idea, absolutamente naturalizada en los roles del amor romántico, de la pasión encubriendo las violencias en la construcción de vínculos atraviesa varias generaciones. Y justamente es en estos casos donde cobra relevancia el marco de las leyes que son las herramientas que tenemos para pelear en la justicia.
Por ejemplo, podemos citar el caso de la Ley N° 26.485, de Protección Integral de las Mujeres ante las violencias que nos atraviesan tanto en la esfera pública como en la privada. Ese proceso que logró traer al debate público las violencias que ocurren en el ámbito de los vínculos privados, no hubiese sido posible sin el recorrido histórico en materia de Derechos Humanos, que junto a Políticas de Estado, permitieron generar un consenso social que fue el catalizador indispensable para poder instalar el “Ni una menos” y terminar con la romantización de los femicidios y acompañar los pedidos de justicia. Sin embargo, la historia no es lineal: hay avances y retrocesos permanentes. Lamentablemente este es un proceso que sigue al día de hoy porque los femicidios continúan y la cultura machista patriarcal sigue teniendo espacios de vigencia.
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Pero esta es solo una dimensión de los crímenes de odio. Existen también otras expresiones que han cobrado especial visibilidad en estos últimos tiempos, y que tienen que ver con el ataque a la comunidad LGBTIQ+. Ahí, lo que moviliza la agresión tiene que ver con un rechazo de ciertas formas de masculinidad que no soportan lo diferente.
El desafío que tenemos por delante es aún enorme. El crecimiento de la ultraderecha viene a desafiar este camino de igualdad, de la construcción de sociedades libres de violencia, viene a combatir los avances que logramos. Por eso es clave seguir trabajando en la capacitación de los tres poderes del Estado, para que los procesos de reparación y justicia sobre quienes sufren actos de odio sean consistentes. Y a la vez, continuar con el proceso de transformación cultural, garantizando el cumplimiento de la ESI, en todos los niveles educativos para que las nuevas generaciones crezcan en el respeto y la igualdad.
Frente a las dificultades, seguimos convencidos que el camino es el que nos marcaron las Madres y Abuelas, un camino de empatía, de amor y de respeto.
