En el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada distintas referentas/es de salud sexual y reproductiva participaron ayer del evento “Dos años de la implementación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo: avances y desafíos”. Estuvo a cargo de la ministra de Salud Carla Vizzotti y constó en la presentación de un informe para evaluar el acceso a este derecho en todo el territorio argentino.
En el aniversario de la sanción conquistada por la marea feminista aquel 30 de diciembre de 2020, y luego de un tiempo prudencial para hacer esta valoración, ¿qué datos arrojó este informe? ¿Cuáles son los avances? ¿Qué deudas tiene el Estado con las personas gestantes? ¿Qué situaciones atraviesan las socorristas por poner el cuerpo para garantizar un derecho?
La primera información que se destaca es que en el plazo señalado se realizaron en total 132.754 interrupciones seguras de embarazos: 73.487 en 2021 y 59.267 de enero a septiembre de 2022. Por otro lado, hay 1.443 centros de salud y hospitales públicos garantizan IVE/ILE en todo el país. Esto constituye un 59,8 por ciento más de lo declarado en 2020 (903) y un 7,5 por ciento más que en 2021 (1342).
Por otra parte, el tratamiento combinado de mifepristona y misoprostol se incorporó al sistema público de salud para el acceso gratuito a aborto con medicamentos. Un método que mejora notablemente los resultados de las intervenciones. Si bien la ministra Vizzotti insistió en “la importancia de tener laboratorios de producción pública", también destacó que actualmente hay 49 que producen medicamentos y 3 que producen misoprostol. Ambas drogas se comenzaron a producir en el país y eso sería otro gran avance en materia de salud.
El misoprostol se elabora en el laboratorio LIF de Santa Fe, en laboratorios Puntanos de San Luis y PROFARSE de Río Negro. Mientras que la producción pública de mifepristona en Santa Fe se encuentra en proceso de desarrollo, en el año 2022 el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires firmó un convenio con la Universidad Nacional de La Plata para el mismo fin.
En la mesa principal del evento participaron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, quien resaltó que “hay que democratizar la información de manera federal y plural, garantizar la educación sexual integral que es una herramienta clave, un instrumento que nos permite la transformación cultural sustancial”. Y esta es la punta del iceberg que permitirá desmenuzar el problema para abordarlo desde la raíz.
Una deuda con nuestros cuerpos
El hecho más reciente fue lo sucedido con las cuatro socorristas en Villa María, provincia de Córdoba, quienes fueron perseguidas con reiterados allanamientos por la justicia de la provincia por garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo. Este hecho finalizó con la liberación de ellas y de la médica imputada. Sin embargo, aún aguardan por el sobreseimiento inmediato de las mismas. “Yo creo que el Ministerio Público Fiscal de Córdoba actuó en línea con un pensamiento anti derecho que, por ejemplo, la fiscal venía manifestando en sus redes sociales. Saben lo que hacen, lo tienen bien claro. La ley es un piso donde los que estamos a favor debemos construir algo más sólido para que se implemente, pero en ese mismo piso es en el que se paran los antiderechos para impedir que se cumpla”, asegura a Feminacida Eugenia Ferrario, vocera de las Socorristas.
La situación de ellas no es la única, actualmente hay 1532 mujeres criminalizadas por abortar y un tercio de ellas están presas. La historia más reciente que tomó relevancia en los medios de comunicación es la de la China, una mujer de 43 años que estuvo privada de su libertad durante dos años en el Complejo Penitenciario de Ezeiza por una emergencia obstétrica. Fue absuelta hace dos semanas por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 30 de la Ciudad de Buenos Aires y después de la insistencia del movimiento feminista. “El funcionamiento de la ley es desigual en todo el país, eso es una realidad que tiene que ver con que todo está muy supeditado a la voluntad de las personas y no a una política de Estado”, agrega Ferrario.
Otro de los casos que demuestra la gravedad de la situación es el de Juana, quien también está privada de su libertad a través del monitoreo electrónico por haber tenido un evento obstétrico en la Provincia de Buenos Aires. Hoy, en el aniversario de la sanción de la ley 27.610 Juana reclamó en su twitter: “Dejen que las personas gestantes decidan, dejen de criminalizar eventos obstétricos, dejen de señalar y juzgarnos por ser mujeres. Que el privilegio no les quite la empatía”.
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¿A quién nos enfrentamos?
“Sepan que vienen por nosotras”, destacó Ibarra en la presentación del informe de Casa Rosada. La concatenación de palabras y los últimos hechos de detenciones arbitrarias asustan, pero buscan poner en perspectiva lo sucedido con las 37 causas que se generaron para boicotear la ley 27.610 y que vienen de un sector antiderechos que, como sabemos, funciona en complot y es parte de la Justicia nacional. “Trabajar para que el aborto sea una realidad es, sin duda, una tarea compleja y entendemos que desde Nación y muchos gobiernos provinciales están haciendo muchas cosas en la materia. ¿Alcanza? No. Y si la perspectiva es de avance de la derecha, vamos a tener que seguir pensando posibilidades”, afirma la vocera de las Socorristas.
“Ahora están con una persecución para generar miedo, desorganización, dudas, desinformar a la población. Pensemos que el aborto con medicamentos también revolucionó el acceso al aborto en términos de la autogestión. Con esta ley hasta las 14 semanas inclusive podemos ir y decir 'quiero abortar' y no dar ninguna explicación, sólo el consentimiento”, señaló en diálogo con Feminacida para la columna semanal en Diario Con Vos, Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva luego de la presentación del informe.
Una conquista y nuevas demandas
Según realza la información difundida por el Ministerio de Salud de la Nación, la línea telefónica 0800 222 3444 de Salud Sexual recibió 13.752 consultas por IVE/ILE entre enero y octubre de 2022. Además, se incorporaron las prestaciones IVE/ILE en el planes como de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia y el SUMAR.
A partir de lo que remarca la Organización Mundial de la Salud (OMS), una atención eficaz es aquella que presta una atención basada en las evidencias, que mejora la salud de las personas y las comunidades y tiene en cuenta sus necesidades. Además que es “oportuna, asequible, geográficamente accesible y ofrecida en un entorno en que las capacidades y los recursos sean apropiados para las necesidades clínicas”. En esa dirección, cabe destacar que la deuda sigue siendo con nosotras y en cada rincón del país.
A partir del reciente reporte “Calidad: el desafío a dos años de la Ley de Aborto” presentado por Proyecto Mirar y coordinado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health, que tiene como objetivo entender la dimensión crítica de la política de aborto a la luz de los estándares internacionales y de la propia Ley 27.610 y que englobó la mirada de las personas proveedoras de servicios de salud, decisoras, activistas y abogadas de todo el país y los datos que había hasta el momento, las demoras innecesarias, los procedimientos médicos no recomendados y la falta de información fehaciente y respetuosa, son un problema constante que se posicionan también en una historieta vieja y conocida que arrastra todo el sistema médico: la sobrecarga de trabajo de les profesionales de la salud.
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“El problema de la implementación no tiene solo una pata, hay que trabajar en las carreras de formación profesional, tiene que haber una política de comunicación para que una persona se entere cómo ejercer su derecho”, interpela Ferrario y cuestiona: “Cuando entrás a una salita hay carteleras de vacunación, ¿por qué no hay sobre cómo acceder a un aborto?”.
Las demandas son concretas y claras. Las urgencias también: escucha e información verídica, accesible y laica. El Estado tiene deudas, pero solo no las va a poder saldar. “Las redes de acompañantes tienen también una tarea bien concreta: acompañada es posible que puedas perderte menos en el laberinto del sistema y que finalmente puedas abortar”, concluye la vocera de Socorristas.
