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Una niña de 12 años quiso abortar luego de una violación y fue capturada por una organización católica

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Una organización antiderechos capturó a una niña que había solicitado una interrupción del embarazo luego de ser abusada sexualmente por su progenitor. Oriunda de la localidad de Garibaldi, en Santa Fe, tenía agendado un turno para el lunes pasado, pero el fin de semana fue retenida junto a su madre durante más de 24 horas y se le impidió asistir.

Según la investigación, la asociación civil Grávida las contactó para intentar convencer a la niña de que no abortara. Ambas fueron encontradas en una de sus sedes, la “Casa Hermanas de Betania”. A través de un comunicado, el gobierno de la provincia sostuvo que esta organización vinculada a la iglesia católica “antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado”.


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¿Cómo fueron los hechos?

Desde un comienzo, la niña y la madre decidieron interrumpir el embarazo. En la denuncia consta que cuando les médiques le preguntaron, ella respondió que no quería tenerlo. Incluso llegaron a firmar el consentimiento informado para llevar adelante el procedimiento.

Desde mediados del año pasado, ellas eran acompañadas por un equipo de profesionales a causa de la situación de violencia de género que vivían en su hogar. Y fue este mismo equipo el que inició la gestión de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de acuerdo a la Ley 27.610.

El equipo se puso en contacto con el hospital público Iturraspe, en la capital de Santa Fe, y agendaron un turno médico para el lunes 2 de enero al que la niña nunca asistió porque había sido capturada junto a su madre por la organización antiderechos. La Justicia inició una investigación y la búsqueda de la niña en los sanatorios privados de la provincia donde finalmente fue encontrada. 

Actualmente la niña está transitando el segundo trimestre del embarazo y estaría a tiempo de acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo, aunque también tendría que poder acceder a una Interrupción Legal del Embarazo si se superan las 14 semanas de gestación, según las causales que contempla la Ley 27.610. 

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia dispuso “una medida de protección excepcional transitoria para resguardar a la niña, garantizar sus derechos y escuchar su voz”. Ella se encuentra fuera de peligro. A su vez, su progenitor, Gustavo Miguel A., está detenido y será imputado por el delito de abuso sexual agravado.


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Los antiderechos insisten

La organización Grávida ya tiene un antecedente parecido: en 2016 fue acusada de intentar evitar el aborto de una nena de 12 años. La denuncia de ese momento sostiene que una psicóloga de la asociación civil ingresó al hospital Iturraspe y se hizo pasar por una trabajadora de la Subsecretaría de la Niñez de la provincia para ganarse la confianza de la madre y la niña. 

La Regional Santa Fe de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito compartió un comunicado en el que informó que la niña se encuentra fuera de peligro, acompañada por los equipos del Estado que intervienen en la situación. 

“A partir de estos hechos reclamamos que se avance hacia un Estado laico, que ponga atención y tome medidas concretas en relación al accionar de los fundamentalismos antiderechos que, a través de diversos métodos, buscan vulnerar los derechos de las personas gestantes”, sostuvieron en la misma declaración. 

A su vez, desde el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven publicaron en su cuenta de Twitter su repudio a este hecho: “Exigimos que el municipio y la provincia garanticen los derechos a las infancias y protejan física y psicológicamente a la niña. Abortar es nuestro derecho. Niñas, no madres”, escribieron.



Este caso volvió a dejar en evidencia la importancia de seguir luchando por la efectiva implementación de la Ley 27.610 en todos los puntos del país. Si bien los feminismos logramos la despenalización social del aborto y su posterior legalización, no tenemos que olvidar que los colectivos antiderechos siguen existiendo y aún queda por delante la enorme tarea de cuidar y defender lo que conquistamos en las calles.


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