La legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Todos, Ofelia Fernández, presentó ayer por la tarde una nueva herramienta para saber qué hace la Policía de la Ciudad ante los casos de violencia de género. La misma forma parte del Mapa de la Policía, una red de cuidados contra la violencia policial que llevan adelante diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y la legisladora. “Uno de cada cinco femicidios es cometido por agentes de las fuerzas de seguridad y en el 90 por ciento de los casos son con el arma reglamentaria por lo que ésto tiene que ser alarma suficiente”, describió la legisladora y sostuvo que la idea de este formulario es poder relevar las situaciones para llegar a armar un diagnóstico y así “sistematizar lo que nos preocupa para transformarlo en soluciones”.
La presentación se realizó por la tarde del lunes en el salón Montevideo de la Legislatura porteña y contó con la presencia de la Colectiva de Intervención Ante las Violencias (CIAV), una organización sin fines de lucro que trabaja en la investigación y colaboración de causas judiciales sobre búsqueda de personas y violencias. La apertura estuvo a cargo de Celeste Perosino, antropóloga e investigadora de CIAV quien explicó que esta herramienta se propone “generar conocimiento sobre los aspectos en que está siendo deficitaria la respuesta de la Policía de Ciudad” y así poder prevenir la ineficacia en las intervenciones y pensar políticas que den respuestas mejores.
Perosino hizo hincapié en el desconocimiento que hay sobre los protocolos de actuación que la policía debería activar en los casos de denuncias por violencia de género y sobre todo, cuando esas denuncias se realizan sobre agentes mismos de las fuerzas. Señaló la importancia de la denuncia como puerta de entrada a los procesos de justicia y es justamente en esta instancia donde encuentran fallas continuamente. Denuncias con formación incompleta o de baja calidad y sin criterios unificados para el registro.
“Esto hace que la denuncia de una persona en situación de violencia dependa únicamente de las capacidades y recursos del agente de la fuerza que la registre”, sostuvo la antropóloga. Otra de las cuestiones que encuentran es lo que desde CIAV denominan “ruido de fondo”: información que no hace a la denuncia en sí y que sólo aporta confusión al desenlace de los hechos. Y, por último, datos mal cargados que no se corresponden con quien denuncia como suele pasar con trans y travestis que no respetan su identidad de género.
Por su parte, Fernández afirmó que no puede separarse la situación de inseguridad en la Ciudad de un mal accionar de las fuerzas de seguridad y que por eso “lo que estamos intentando sistematizar son las actuaciones que vemos que son arbitrarias en los criterios de quienes hay que cuidar y a quienes no”. Desde el equipo de trabajo de la legisladora presentaron el formulario a completar y comentaron que el objetivo es poder presentar un diagnóstico en tres meses con las denuncias y casos que hayan recibido en el Mapa.
El Mapa de la Policía es una herramienta digital de cuidados ciudadanos para contrarrestar los abusos policiales y la violencia institucional. Surge en un contexto de creciente deterioro social y en una ciudad donde los organismos de control no cumplen su función de supervisar a las fuerzas de seguridad. Parte de una intuición: democratizar la información es una herramienta fundamental para enfrentar la crueldad de los poderes. Está conformado por organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo de Investigación Política (EDiPo), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) y por medios de comunicación autogestivos como El Grito del Sur y Revista Crisis e impulsado por Ofelia Fernández.
Desde el equipo de la legisladora aseguran que el desafío más grande de esta herramienta es cómo saltar de los diagnósticos a transformaciones reales de la vida material. Por lo pronto, visibilizar la herramienta, acercar el formulario y comunicarlo para que las personas se familiaricen y se animen a denunciar. “Que la información moleste donde tenga que molestar”, concluyeron.