La presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, Cynthia Hotton, quien se integró al gobierno porteño en enero de este año, anunció junto a Horacio Rodríguez Larreta, la firma de un acuerdo entre ese organismo y el Ministerio de Salud de la Ciudad para que en todos los hospitales públicos porteños se difunda cartelería de un “0800 VIDA”. El anunció se dio en el marco de la presentación de la Agenda Social 2023 en un acto del que participaron más de mil pastores y pastoras.
El teléfono es atendido por la "Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado”, integrada por “400 instituciones voluntarias” de todo el país “comprometidas con la defensa de las dos vidas”, según se explica en su sitio web. El jefe de Gobierno, además, alentó a los referentes religiosos a “seguir propagando la fe y los valores de la familia en cada rincón de la Ciudad y el país”.
Las iniciativas del gobierno porteño se dan en un contexto electoral en el que contar con el apoyo de los sectores más conservadores parece una estrategia crucial para conservar el poder. El problema radica en la preocupante relación e injerencia que tienen los sectores religiosos con el Estado que, históricamente, han intentado incidir sobre derechos conquistados y que ponen en peligro, como en este caso, la vida autónoma y democrática.
Gisel Eiriz es integrante de la regional CABA de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Consultada por Feminacida explica qué significa esta situación en un año electoral y qué riesgos conlleva que una persona como Cynthia Hotton esté en el lugar en el que está teniendo en cuenta su postura antiderechos.
“En la regional nos declaramos en alerta y ya nos hemos reunido para pronunciarnos al respecto como campaña. Estos anuncios tomaron relevancia en los medios justamente por el sentido repudio de todo el movimiento feminista. No son más que una ofensiva reaccionaria que ataca directamente a nuestro derecho a decidir y la garantía y efectiva implementación de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo", analiza Eiriz y advierte: "Lo leemos en clave electoral. Tenemos muy claro que ante el avance del movimiento feminista, la reacción responde. Hace tiempo que los sectores fundamentalistas y las iglesias intentan avanzar sobre derechos conquistados, no solo en la ciudad de Buenos Aires. En todo el país hay territorios en donde las alianzas con el arco político son más fuertes y es desde allí que se le da vía libre a las iglesias”.
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En ese sentido, desde la Campaña afirman que no descartan tomar acciones para que el convenio quede sin efecto. “Lo que más nos preocupa aunque no nos sorprende es cómo se comunica esta avanzada y cómo genera confusión”, remarca la militante feminista y agrega: “Según el discurso de Hotton se estarían contraponiendo dos leyes: la de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como Ley 1000 días. Esto no es así. Como Campaña no nos oponemos a que quienes quieran continuar con su embarazo lo hagan. Justamente defendemos el derecho a decidir. Pero quienes efectivamente quieren continuar con el embarazo y están en una situación vulnerable, necesitan respuestas concretas por parte del Estado en materia de salud, de garantía de derechos, trato digno y asistencia médica y social de calidad”.
Se cuidan, se cuidan los fascistas
Otra de las cuestiones preocupantes tienen que ver con las concesiones que el Estado y sus políticas brindan a los sectores religiosos. Amnistía Internacional se pronunció al respecto y señaló: “Preocupa profundamente que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere delegar en organizaciones confesionales y religiosas la ejecución de políticas públicas diseñadas para resguardar el derecho a la salud de las mujeres y personas que deseen gestar”.
Por su parte, la diputada nacional por el Frente de Todos, Mónica Macha, sostuvo que con estas acciones el Estado porteño está incumpliendo de manera explícita con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y avasallando todo el espíritu de la norma. "El larretismo propicia espacios institucionales que violan la ley. No nos sorprende que sean antidemocráticos, pero deben respetar y cumplir con una de las leyes más debatidas, discutidas y legitimadas de nuestra historia”, instó.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito es una amplia y diversa alianza federal que tiene sus cimientos en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario en el año 2003 y en el XIX ENM desarrollado en Mendoza en 2004. La referenta consultada, Gisel Eiriz, analiza la situación actual ante la avanzada religiosa y enfatiza en que es necesario que se refuerce la difusión de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo así como que se aplique efectivamente la Ley de Educación Sexual Integral.
“Repudiamos este convenio porque lo leemos como una tercerización y privatización de políticas que deben ser del Estado y con presupuesto acorde. No vamos a tolerar que se deje en manos de voluntarios que son parte de instituciones confesionales y religiosas una cuestión que es de salud pública. Permitirlo es evangelizar y predicar”, denuncia y ratifica: "El pasado 19 de febrero dijimos en nuestra declaración que la norma tiene en su letra varias concesiones a las iglesias y debemos decirles basta. Aquí las iglesias nada tienen que ver".
