El proyecto tiene como objetivo reconocer laboralmente a todas las personas que trabajan y sostienen a diario los comedores y merenderos comunitarios que funcionan en todo el país. En Argentina hay 35 mil comedores en los que trabajan casi 135 mil personas, donde dan de comer a 10 millones de personas. El reconocimiento de sus labores les otorgaría una remuneración salarial y los derechos que les corresponden.
Hace más de 40 años que vecinos y vecinas de los diferentes barrios populares que existen en el país, en su mayoría mujeres y disidencias sexuales, dedican entre 8 y 10 horas diarias para alimentar a la población que no alcanza con su salario a cubrir las cuatro comidas diarias. Es en este contexto que la organización social latinoamericana La Poderosa presentó el proyecto de Ley que consiste en la creación del "Programa Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Comedores y Merenderos Comunitarios" dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de La Nación.
La iniciativa consiste en reconocer y otorgar un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a quienes desempeñen un rol como trabajador o trabajadora en comedores y merenderos comunitarios, vacaciones, obra social o cobertura médica, ART, licencia por maternidad y/o paternidad, licencia por accidente, aguinaldo, jubilación y licencias especiales; todos derechos básicos de los y las trabajadoras pero con los que este sector aún no cuenta. “No es un número ficticio que son 10 millones de personas”, enfatizó ayer en la presentación en el Congreso Nacional, María Claudia "La Negra" Albornoz, referente de La Poderosa. Y agregó: “Todos los días viene alguien más a solicitar la vianda de comida y no porque no tengan trabajo, sino porque esa remuneración no alcanza para sostener las cuatro comidas de una familia. Los ingresos han quedado por debajo”.
Atendiendo a la alta feminización que hay en estas tareas, el proyecto fue redactado desde una perspectiva de género que contempla “la triple jornada” de mujeres y disidencias que se desempeñan en el trabajo en las comunidades. “Para nosotras no hay domingos ni feriados. Nosotras hacemos ‘la previa’, que es ir a buscar donaciones en las carnicerías y verdulerías, cocinamos, alimentamos y luego seguimos trabajando en nuestros hogares cuidando y atendiendo a nuestros hijxs”, destacó Norma Morales, dirigenta nacional de la agrupación Barrios de Pie y secretaria adjunta de UTEP. “El Estado nos debe y es hora de poner en agenda el cuidado, es hora de que se hagan cargo de nosotras”, concluyó.
La inversión social requerida representaría un presupuesto global equivalente a menos del 0,07 por ciento del PBI nacional, al 10 por ciento de lo destinado a servicios de inteligencia o al 0,14 por ciento de los servicios de deuda previstos en el presupuesto 2023. A su vez, en relación con la economía, otro de los puntos del proyecto refiere la necesidad de soberanía alimentaria y acceso a la tierra. “Queremos poder acceder a la tierra para aprovechar el territorio y producir nuestro propio alimento. Otro modelo agroecológico es posible”, enfatizó Zulma Molloja, militante de Trabajadores de la Tierra.
Para las cocineras, este fue un día histórico en el que con gran emoción defendieron y pusieron en valor el trabajo que realizan al llenar las ollas diariamente y también las vidas de las personas trabajadoras comunitarias que se perdieron durante la pandemia. No se trata sólo de cocinar para centenares de personas, lo que no es menor, sino que esa olla y la tarea de alimentar familias enteras, construye lazos comunitarios, sostén, familia y cuidado.
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En la presentación, también estuvieron presentes Natalia Zaracho, diputada nacional por el Frente Patria Grande, Dina Sánchez, secretaria general de UTEP, Deolinda Carrizo, militante de MOCASE-MNCI y mujer originaria del pueblo Vilela, y Natalia Zarza, del Frente MTE. También participó Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina, organización que acompaña y colabora con el proyecto.
