Organizaciones feministas y transfeministas, sindicales, sociales, de derechos humanos y académicas, reunidas de manera federal, conformaron la Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista. Se lanzará el jueves 29 de junio en la Federación Gráfica Bonaerense con transmisión online.
En consonancia con la urgente necesidad de administrar justicia sin prejuicios de género ni de clase, la Campaña tiene como objetivo central visibilizar el actual e indebido desempeño del poder judicial en Argentina, poniendo el foco en jueces y juezas que reproducen prácticas y lógicas patriarcales en sus funciones.
Desde hace décadas los movimientos feministas reclaman la urgencia de un cambio que es inherente a la necesidad de perspectiva de género en procesos y sentencias judiciales: debatir con esa mirada acciones integrales que preserven la integridad de mujeres, infancias, adolescencias y diversidades y que no incurran en la revictimización y en la criminalización de luchadoras populares y madres protectoras.
De la lucha se desprenden algunos logros obtenidos como la Ley de Identidad de Género sancionada en 2012, la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans, que actualmente impulsa una Ley Integral Trans, y la Ley Micaela que expone la carencia en perspectiva de género dentro del Poder Judicial. “Cada colectivo que hoy emprende una batalla por sus derechos encuentra en el poder judicial actual una trampa para el acceso pleno a la justicia”, remarcan desde la Campaña. En esa línea, proponen “las bases para un programa de transformación del sistema judicial desde una mirada interseccional, antipunitivista, antirracista, de integración latinoamericana, de respeto e integración a los pueblos originarios y en clave de derechos humanos”.
Comenzar por los primeros eslabones
Melisa García, abogada feminista, presidenta y fundadora de ABOFEM, analiza que la reforma judicial feminista es una cuestión totalmente integral y tiene que ser transversal. "Se pueden trabajar varios factores fundamentales de forma simultánea. Por ejemplo, el cumplimiento de la formación en género para los concursantes/postulantes a jueces y juezas, el cumplimiento de la paridad en los cargos y también el requerimiento de formación en género acorde para poder acceder a esos espacios”, explica a Feminacida y agrega: “A la par, también hay que pensar que cuando hablamos del sistema de justicia, éste no engloba sólo a jueces y juezas sino también a quienes ocupan cargos en defensorías, fiscalías y, de forma fundamental, a quienes ejercen profesionalmente la abogacía”.
Sobre este tema, García aporta que no hay una obligatoriedad ni cumplimiento de la Ley Micaela, ni ningún requerimiento de contar con cierta formación acorde en materia de género en la carrera de Derecho. Hoy todavía se vive de manera total y completamente discrecional y eso afecta la forma de hacer justicia y su acceso a ella. A la vez, cuestiona: “Si quienes presentan los casos ante jueces y juezas, más en el ámbito de Familia, son los abogados y abogadas, ¿cómo no va a representar un gran problema que no cuenten con formación adecuada? Esa carencia impacta directamente sobre la forma de representar y defender”.
El acceso a la justicia como derecho humano
La estructura de la justicia actual desata un debate que se renueva ante cada fallo en el que se evidencian sus sesgos y carencias. La ciudadanía, los medios de comunicación y los feminismos destacan sus falencias y las analizan. Desde las necesidades más recurrentes como querer denunciar y que efectivamente esa denuncia sea tomada o lograr una restricción de acercamiento o un botón antipánico ante un caso de violencia de género, hasta la revisación completa de fallos que tienen años y realizaciones de nuevos juicios cuando se reclama la ausencia de perspectiva de género, dejan al descubierto la omisión de derechos democráticos y la visión patriarcal de la Justicia.
La Campaña que propone la reforma destaca algunas de sus deudas: La ausencia de perspectiva de género en procesos y sentencias judiciales; la falta de acciones integrales que preserven la integridad de mujeres, infancias, adolescencias y diversidades, así como su re-victimización; la criminalización tanto de luchadoras populares y madres protectoras como de personas del colectivo LGBTIQ+. Cada colectivo que hoy emprende una batalla por sus derechos, encuentra en el poder judicial actual una trampa para el acceso pleno a la justicia.
En esa línea, la fundadora de ABOFEM agrega: “Todas estas falencias se pueden trabajar al mismo tiempo ya que llegan todas a la misma consonancia: una justicia que lo único que hace es adoctrinar y cristalizar con más fuerza este sistema patriarcal a través de la violencia institucional”.
Sobre la campaña
La Campaña nació en 2021 al calor del Foro Federal Virtual por una Reforma Judicial Feminista de la cual participaron más de 6 mil personas de distintos lugares de la Argentina. Al año siguiente, en el Encuentro Plurinacional en la provincia de San Luis, se llevó adelante de manera presencial el Taller por la Reforma Judicial Feminista, donde más de 300 asistentes pudieron contar en primera persona cuáles eran sus padecimientos frente a una justicia machista y misógina que decide prolongar la cultura patriarcal hasta nuestros días.
Además se sumó, en febrero de 2023, el pronunciamiento de unas 200 organizaciones que apoyan el proceso de juicio político a los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentado en la Cámara de Diputados.
El trabajo mancomunado que se viene realizando cuenta con una militancia organizada a lo largo y ancho del país con el objetivo, tal como fue el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de que la diferencia no signifique desigualdad.
