Hace unos días, Massa llegó a un acuerdo técnico con el FMI que implicó un endurecimiento de las metas de achicamiento del déficit y mayor ajuste. Así fue como se pagó en yuanes los vencimientos con el organismo, cambiando deuda en dólares por deuda con China.
El equipo económico esperaría que el Directorio dé la venia política durante la semana del 21 de agosto para liberar 10 mil millones de dólares en concepto de adelantos de próximos desembolsos, con el objetivo de palear la desertificación de reservas que dejó la sequía en el Banco Central. Este desembolso, calculaban los analistas antes de las PASO, ayudaría para que Argentina pueda hacer frente a los tiempos siempre turbulentos entre las elecciones primarias y las generales.
Hoy, a unos pocos días de un resultado que nos dejó con las alarmas prendidas, el escenario es completamente distinto al previsto. ¿Por qué las recetas del Fondo son perjudiciales para las mujeres? ¿Por qué estos mismos mecanismos pueden abonar al nacimiento y consolidación de una ultraderecha que, además de tener un especial interés por el retroceso en materia de derechos de las mujeres y un particular odio por los movimientos feministas, promulga la violencia política y atenta contra la democracia y el Estado de Derecho? Esto ya sucede en otras partes del mundo en donde se aplicaron las mismas recetas.
El día después de las PASO y el rol del Fondo
Como Cristina Kirchner anticipó, los resultados de las PASO arrojan un escenario electoral de tercios. Lo inimaginable, incluso por sus propios protagonistas, es la composición de esos tercios y el predominio de la idea de que la violencia es un método válido para imponer sus propuestas.
La Libertad Avanza, fuerza de ultraderecha encabezada por Milei, no sólo logró romper con la lógica bipartidista que se había vivido hasta el momento en el país, sino que se consagró como el partido político más votado. Condensa el enojo con una dirigencia política “tradicional” que no supo dar respuesta a la crisis económica y el fenómeno es tan transversal que es difícil hacer una única caracterización de sus votantes. Milei ejerce la violencia política insultando a sus contendientes por su ideología y llama de forma explícita a sepultar al kirchnerismo en la victoria. Sus seguidores más fieles vandalizan espacios de memoria y acosan a sus detractores en las redes sociales ―con especial ahínco si se trata de mujeres, como fue el caso de Lali Espósito, pero también el de Viviana Canosa que, a pesar de compartir ideas con el economista, hoy es blanco de los insultos de sus seguidores por criticarlo―.
Dentro de lo que podríamos llamar “derecha tradicional” de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, también ultraderechista, ganó su interna siendo una gran sorpresa la pésima elección que hizo Horacio Rodriguez Larreta. El electorado de JxC castigó duramente a las posturas más “blandas” que proponían las llamadas palomas del espacio y premió el discurso beligerante de la exministra de Seguridad que propone garantizar los “cambios necesarios” a fuerza de la utilización de la violencia del Estado frente a quienes se manifiesten en desacuerdo.
Al ser una elección de tercios, se abre un escenario de ballotage de cara a octubre en donde Milei parece posicionarse como un contendiente indiscutido. Sin embargo, se presenta algún grado de incertidumbre sobre quien podría ser su competidor ya que cualquier pequeña variación en el caudal de votos puede inclinar la balanza para uno u otro lado. El final es abierto.
En este proceso electoral, el rol del FMI vuelve a ser protagónico y bastante determinante. Es altamente probable que un mal desempeño económico sume posibilidades a un escenario de ballotage Milei – Bullrich al quitarle posibilidades al único candidato que no representa la ultraderecha, pero que carga con el peso de conducir la economía en tiempos de crisis y total incertidumbre.
El triunfo de Milei, un candidato que propone la dolarización en un país sin reservas, no hace más que echar leña al fuego a la voracidad por el dólar. Y esto pone en duda que, aún si llegara el desembolso del Fondo, este sería demasiado poco y llegaría demasiado tarde para apaciguar a estampida. Además, una y otra vez quedó demostrado que en Argentina las devaluaciones se traducen en aumentos de precios y en un esperable recrudecimiento de la inflación no en los próximos meses, sino en los próximos días.
En este escenario, 10 mil millones de dólares son mejores que 0 dólares, por lo que en “un gesto de buena voluntad” hacia el Fondo, el equipo económico tomó dos medidas post PASO que venían siendo reclamadas por el organismo y que, esperan, puedan aceitar el tan esperado desembolso.
La primera medida pedida por el Fondo fue una devaluación. El lunes el dólar oficial saltó de 300 a 365, una devaluación de más del 22%, detrás del cual corrió el dólar paralelo y los financieros en los días siguientes. La segunda medida monetaria fue el aumento de la tasa interés de los plazos fijos en 21 puntos porcentuales: la tasa nominal anual (TNA) pasó de 97% a 118% y deja a la tasa efectiva anual (TEA) en 209%.
La intención de estas medidas, que el Fondo viene pidiendo en sus diversos informes, es generar “incentivos”, a permanecer en pesos y “desincentivar” la compra de dólares. Sin embargo, podrían no ser suficientes para contener las expectativas en este escenario donde gana importancia el discurso de la dolarización.
Estas medidas, a esta altura de dudosa eficacia para apaciguar la economía y estabilizar la macro, pagan el altísimo costo de alimentar la inflación. Esta semana el INDEC dio a conocer que la inflación de julio fue de un 6,3% y que el acumulado anual promediando la mitad del año fue del 60,2%. Si se lo compara con igual mes del año anterior, los precios subieron a más del doble (+113,4%) siendo que los mayores aumentos a lo largo del año se dieron en insumos básicos como alimentos y bebidas, carnes y vestimenta. Es esperable que la devaluación post PASO se traslade inmediatamente a precios, profundizando el deterioro de la capacidad adquisitiva de las mayorías que con sus ingresos ya tenían dificultades para garantizar techo y comida. Esto puede complicar las posibilidades de que Massa coseche más votos y aumenta las chances de la ultraderecha.
Ahora bien, que el escenario presente dificultades para el actual ministro de Economía no quiere decir que Patricia Bullrich tenga la contienda ganada. Le será más difícil plantear una diferenciación clara con respecto a sus competidores que probablemente vayan en busca de sus votos. Es posible abrigar esperanzas de que en el ballotage haya un candidato que no represente la ultradercha y éste, además de un escenario probable, es un escenario que ya se dio en países vecinos.
En Chile, Boric ganó frente a Cast y en Brasil, Lula derrotó a Bolsonaro en las últimas elecciones. Sin embargo, en ambos casos fue por una diferencia mínima que no alcanzó para evitar la consolidación de estas posturas extremas, que incluso embebidas dentro del sistema político, plantean grandes dificultades para el sostenimiento de las democracias.
Por eso, en el caso argentino es crucial hacernos la pregunta sobre qué tipo de problema es este. ¿El resultado de la elección es sólo la expresión de descontento social que un candidato carismático supo canalizar? ¿O estamos ante un cambio social profundo? Y en ese caso, ¿cuáles son las bases materiales de semejante giro en una sociedad con 40 años de tradición democrática y que, hasta ahora, tenía una alta intolerancia a la violencia política? ¿Tiene el FMI algo que ver con esto?
La política de austeridad y el FMI
La recuperación económica pospandemia no pudo revertir el ensanchamiento de la desigualdad que provocó la crisis del COVID-19 en una sociedad que ya venía muy golpeada por la crisis económica que dejó el macrismo. En la persistencia de la crisis y en este aumento de la desigualdad es, probablemente donde se pueda encontrar la base material de lo que es un giro social.
Aunque parezca casi innecesario aclararlo, desigualdad no sólo quiere decir que los ricos se hagan más ricos ―punto en el que los feminismos venimos poniendo la lupa―, sino que también implica que los pobres sean más pobres. Los desafíos que plantea la pospandemia son múltiples y afectan fuertemente a las clases populares más expuestas a la precarización del empleo y al deterioro del poder de compra de sus ingresos: a la inflación, especialmente alta en rubros esenciales como el alimento y la vivienda, se suman problemas sociales como la disminución de la capacidad del sistema educativo de retener a las infancias y adolescencias, y constituirse como un pilar del ascenso social; y el recrudecimiento de los problemas de salud mental y de consumos problemáticos.
Cuanto mayor es la desigualdad y más precarias se vuelvan las condiciones de vida de quienes menos tienen, más complejo y costoso resulta poder dar respuesta y revertir las problemáticas. Las políticas de austeridad van en una dirección contraria al objetivo de revertir el profundo daño social que causó la pandemia al recortar los fondos disponibles para el accionar del Estado y debilitar así su rol redistributivo y reparador.
Antes de pensar el rol del FMI, es necesario llamar a la reflexión sobre por qué quienes lideran los movimientos que impulsan la redistribución y la justicia social como estandarte político pierden representatividad entre las mayorías populares más precarizadas. Dicho esto, es justo decir que, en el caso de Argentina, la lógica de la austeridad la impulsa el FMI, incluso muy a pesar de la voluntad política del gobierno electo democráticamente, con el objetivo de “asegurar” el repago de lo prestado. Por lo tanto, su rol ―y por carácter transitivo el rol de la comunidad internacional― no debe ser minimizado.
En ese sentido, es bueno recordar que la receta de la austeridad fiscal, sostenida incluso después de una crisis mundial sin precedentes, goza de total consenso. En otros países del mundo ni siquiera necesita ser forzada ―aunque sí respaldada― por el FMI, sino que se consigue a través de la influencia de la extrema derecha en la cámara de representantes. Si se mira a Brasil, la austeridad resulta auto-impuesta mediante el uso de reglas fiscales. Si se observa a Estados Unidos, la austeridad también la auto-inflinge el sistema político cuando el Congreso norteamericano escatima y pone techo al gasto para la recuperación en un país en donde literalmente no existe la restricción fiscal, ya que imprimen el dinero del mundo.
¿Hay otro mundo posible? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
El problema de poder superar la lógica de la austeridad es que requiere un esfuerzo coordinado internacionalmente en momentos de alta tensión geopolítica. La buena noticia es que, haciendo un ejercicio de memoria, se puede recordar que hubo un tiempo en donde la respuesta a la crisis fue otra, aun en un escenario muy fragmentado.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se formó la actual arquitectura internacional con los acuerdos de Bretton Woods y nació el FMI, se llevó adelante también el plan Marshall que inyectó fondos estadounidenses para los planes de recuperación de la destruida Europa. Cada país del viejo continente debía diseñar su propio plan de recuperación y el objetivo político fue doble. Por un lado, socavar las ideas comunistas que cobraban fuerza ante la expansión de la URSS, pero también no repetir los errores que habían abrigado el nazismo alemán. Hitler fue democráticamente electo luego de un largo período de hambre y desesperación, producto de la lógicas de austeridad fiscal devenidas de las severas sanciones impuestas al país después de la Primera Guerra Mundial por la comunidad internacional.
Este acuerdo norte-norte sienta el precedente que ante catástrofes de dimensiones desproporcionadas, como las que vivimos en la realidad pospandémica, es posible encontrar respuestas diferentes a las de austeridad al servicio del capital financiero que hoy se ofrecen ante la crisis. Si comprendemos, como se hizo entonces, las interrelaciones y la interdependencia que tenemos las personas y los países unos de los otros, entonces es posible consolidar las alianzas locales e internacionales necesarias para vehiculizar la ganancia y la riqueza económica hacia la provisión de las condiciones materiales para la garantía de derechos básicos universales en todas partes del mundo.
La alternativa es pagar el costo humanitario que implica la posibilidad de la radicalización de las derechas con apoyo popular, que es una tendencia que se consolida a nivel mundial. La política sanitaria y ambiental del bolsonarismo, que privilegió en plena pandemia la ganancia económica por sobre la vida humana y natural, es un claro ejemplo de que éste no es un problema aislado de un país sino planetario.
Las crisis, sobre todo las prolongadas como la que vivimos, al aumentar el costo de oportunidad de cooperar, tensan los lazos de solidaridad entre las personas, disminuyen la empatía con el prójimo, propician el individualismo y los discursos del sálvese quien pueda. Argentina, y el mundo en general, necesita pensar en que el advenimiento de la violencia que propone la ultraderecha no puede ser contestado con más violencia, con más privaciones de las condiciones materiales de vida o con estrategias políticas de mayor polarización.
Este debe ser un esfuerzo colectivo y en él los feminismos tenemos un papel que cumplir: es urgente unirnos y hacer una reflexión conjunta. Para imaginar y construir sistemas económicos que se pongan al servicio de la reproducción de la vida y la sociedad. Para ponerle el cuerpo a las resistencias pacíficas. Para recuperar la empatía social. Para compartir la memoria del dolor que implica el camino de la violencia política y la utilización de la fuerza del Estado como disciplinador social de la instauración de un orden económico neoliberal. Hoy nos toca a nosotras, tal y como lo hicieran otras antes nuestro con sus pañuelos blancos en las horas más oscuras de la historia.
(*) Noelia Méndez Santolaria es economista feminista y columnista de Economía en Pasadas por alto, programa emitido por FM La Tribu
