Según el informe de Amnistía Internacional llamado Los incendios forestales en Argentina: La situación en 2022, entre enero y octubre de 2022 se registraron incendios en 23 de las 24 provincias. Tierra del Fuego fue la única que no aparece en los reportes, tal como indican los datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), el organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Sin embargo, el 30 de noviembre pasado se reportaron focos de incendios en esa provincia en un área protegida de bosques nativos, Tolhuin. En un período de dos semanas, más de 9 mil hectáreas fueron consumidas por el fuego y es un foco que todavía se encuentra activo.
Las jurisdicciones que se vieron más afectadas por incendios fueron Corrientes, con más de 147 mil hectáreas bajo el fuego; San Luis, con 97 mil hectáreas; y también Chubut, con 80 mil hectáreas. La expansión de las situaciones de emergencia ígnea a lo largo de todo el territorio nacional tienen, además, alto impacto a largo plazo no sólo en el ecosistema sino también en derechos humanos.
La pérdida de vegetación, árboles o bosques nativos suele tardar décadas en regenerarse o puede no hacerlo nunca. Como consecuencia se reduce o extingue una parte de la fauna: especies y animales silvestres pierden su lugar de hábitat así como condiciones en las que sobrevivir. Otra de los efectos es el impacto en las poblaciones que allí habitan.
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A esta altura es sabido que el 95 por ciento de los incendios se producen por la acción humana. Ya sea por negligencia, fogones mal apagados o la quema intencional de pastizales. Además, la proliferación de los incendios forestales se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos. Todas estas condiciones hacen que los territorios sean más propensos a incendios o que éstos se propaguen más rápidamente. En este sentido, las acciones políticas se vuelven urgentes.
Los humedales como esperanza
En Argentina, los humedales representan el 21 por ciento de los territorios nacionales, aproximadamente 600.000 km2. Sin embargo, no se conoce con exactitud su extensión ni su estado de conservación y destrucción. Son clave para reducir los efectos de la crisis climática porque aportan diversidad biológica y cultural, son fuentes para el almacenamiento de carbono, ya que retienen más gases de efecto invernadero; almacenan agua y así amortiguan los impactos de las lluvias, fundamental para el control de las inundaciones. Además, ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías. De este modo, colaboran con la protección contra los incendios y reducen los riesgos de inundaciones.
Por la importancia que tiene este recurso para Latinoamérica, y por lo que significa a nivel mundial, es fundamental que se realice un inventario integral en todo el territorio, una de las acciones que exige el proyecto Ley de Protección de Humedales para conocer su extensión real y diseñar estrategias fiables de conservación.
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El proyecto ha sido ampliamente consensuado por más de 380 organizaciones y defensores y defensoras ambientales y lleva casi 10 años de postergaciones. En marzo de 2022 fue presentado por tercera vez ante la Cámara de Diputados y el 10 de noviembre dos proyectos ambientales tuvieron dictamen en el plenario de las comisiones. Es urgente que sean debatidos en el recinto durante el próximo período de sesiones legislativas de forma que se pueda garantizar la protección de los humedales y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por Argentina.
Deuda climática
Como indica la más reciente bibliografía ambiental, muchos de los recursos que antes eran renovables ahora son definidos como “potencialmente renovables”. Esto se debe a la rapidez con que pueden renovarse: si la velocidad a la que se consumen es superior a la velocidad a la que se forman, corren riesgo de extinguirse. En torno a este tema, en las convenciones sobre acciones climáticas que se realizan alrededor del mundo entre las grandes potencias mundiales que se disputan los recursos que aún sobreviven en el planeta, se ha hablado recientemente sobre algunos puntos clave.
En un evento del Atlantic Council realizado el 23 de enero, la jefa del Comando Sur de EE.UU, Laura Richardson enumeró las razones por las cuales Estados Unidos tiene sus ojos puestos en el resto del continente. Se refirió al “triángulo del litio”, zona estratégica que comparten Argentina, Bolivia y Chile donde se concentra el 60 por ciento del litio del mundo, mineral estratégico para la transición energética: convertir los automóviles a combustión en eléctricos.
Durante toda su ponencia se refirió al territorio latinoamericano en términos inclusivos, es decir usando el pronombre nosotros. Destacó las reservas de petróleo del territorio latinoamericano y la importancia del Amazonas. Por último, dijo: "Tenemos el 31 por ciento del agua dulce del mundo en esta región". Con ese inventario, la jefa del Comando Sur dijo que al país norteamericano le queda "mucho por hacer". Y finalizó con la frase: "Tenemos que empezar nuestro juego".
Tal como parece, nuevamente se necesitan de los recursos latinoamericanos para solventar al resto del mundo. Y estas disputas están dándose entre Alemania, Rusia, China y EE.UU principalmente. Es decir, las grandes potencias del mundo debaten sobre recursos que no les pertenecen, pero de los cuales planean apropiarse y lo anuncian abiertamente.
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Es claro que la guerra actual es en términos económicos. Ya no se resuelven los conflictos con armamento, es decir militarmente, sino colonizando de otra manera.
Una de las salidas que se propone es la unión de América Latina toda en base a la integración energética/eléctrica posible gracias a que la región cuenta con las mejores condiciones climáticas del mundo para que sea realizable un proyecto sostenible. Además, mediante las preguntas en torno a la “deuda climática” como quiénes son los principales responsables del deterioro del planeta, quiénes los grandes consumidores y quién le debe a quién es posible diseñar planes de “perdón” o “canje” de deuda adquirida por los países tercermundistas. El punto sería el canje de deuda por acciones climáticas. Para ello, el sur global debería poner sobre la mesa la deuda ecológica teniendo en cuenta que las grandes potencias lograron su desarrollo gracias a la explotación latinoamericana y ésta debe ser reparada.
